Una lotera se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza acusada de quedarse 80.000 euros procedentes de las ventas del Gordo de Navidad y del Niño del 2018. La encausada, A. M. C., que llevaba al frente de su administración desde 1994, admitió la deuda con Loterías y Apuestas del Estado pero, como explicó su abogada defensora, «no se lo gastó en vino» y trató de explicar a los magistrados que «tenía embargos por otros impagos que arrastraba desde el 2015 que le fueron asfixiando poco a poco». «Entré en una rueda, pero yo no me los quedé, no tengo ni pisos, ni coches, no tengo nada», señaló visiblemente compungida a preguntas de la Abogacía del Estado y la Fiscalía que ejercieron de acusación y que solicitaron penas de entre 4 y 5 años de cárcel, respectivamente.

«Yo quería pagar lo que debo, cerré la administración que me la tasaron en 400.000 euros, pero Loterías y Apuestas del Estado no me dejó traspasar el negocio porque antes me exigían pagar los más de 80.000 euros. Me era imposible», insistió.

Ambas acusaciones le preguntaron a A. M. C. sobre el destino del dinero. Ella aseguró que el 70% de sus ganancias las tenía trabadas judicialmente porque debía dinero a Hacienda por otros motivos. Con lo que le quedaba de la venta de lotería y otros premios como el Euromillón, la Primitiva o la Quiniela lo destinaba para el alquiler del local, pagar trabajadores y demás gastos corrientes de su administración. Pero no era suficiente, según explicó, por lo que decidió echar mano de las ventas anticipadas del Gordo y del Niño. Cuando llegó una inspección de Loterías y Apuestas del Estado, este organismo decidió cancelarle el terminal de venta al descubrir el agujero que había. «Cuando vinieron las inspectoras desde Madrid lo admití todo», afirmó la lotera. Una confesión que reconocieron estas revisoras que calificaron de «colaboradora» su actitud.

Dicha confesión y admisión de hechos que para la abogada de la enjuiciada, Idoya Echauri, que ejerce la defensa por el turno de oficio, debe tenerse en cuenta de cara a reducirle la condena. «Ella admite que malversó caudales públicos, pero también colaboró, así que proponemos una condena de un año y seis meses de cárcel, así como la devolución del dinero que se adeuda procedente del embargo de la nómina que ha comenzado a cobrar en un trabajo que acaba de conseguir», señaló. Loterías del Estado cobró del seguro los 80.000 euros que reclamaba.