No hizo falta celebrar en la Ciudad de la Justicia por falta de espacio, el banquillo de la sala más grande de la Audiencia de Zaragoza se llenó ayer con 24 acusados por un fraude a la Seguridad Social con subdisidios por desempleo. El agujero ocasionado superó los 125.000 euros.

La Fiscalía solicitaba inicialmente penas de entre 4 años de prisión y dos años y medio, si bien, después de que una veintena de procesados admitiera los hechos, el ministerio público decidió rebajar las peticiones de condena. Según la notoriedad de la cantidad defraudada, el ministerio público estableció dos tipos de penas diferentes: o siete meses de cárcel o un año y nueves meses de pena privativa de libertad.

A pesar de reconocer la existencia de dicha trama ilegal, el supuesto ideólogo de la misma, Mario O. B. (que tiene dos condenas anteriores por falsificación y estafa) decidió rechazar la acusación, si bien no dio más detalles de dicha negativa. Su abogado, José Luis Melguizo, insistió en que las empresas que para la Policía Nacional son ficticias para la inspección de la Seguridad Social siguen sin estar anuladas.

Otro grupo, formado por cuatro inmigrantes, resaltó durante el juicio por no querer acogerse a los acuerdos pactados entre la Fiscalía y abogados defensores como José Cabrejas, Olga Oseira o Javier Elía. A estos cuatro se les acusa de pagar dinero a Mario O. B. a cambio de que se les diera de alta en sus empresas y así poder conseguir la residencia temporal. Uno de ellos, un senegalés, señaló que lo conoció en un bar, en el que entraba a vender pulseras, y que le dijo que le podía dar un puesto de trabajo, si bien nunca lo desempeñó. Gracias a ello consiguió la nacionalidad.

Por contra, otro de estos inmigrantes trató de desmarcarse de la trama, añadiendo «que no sabe ni dónde está la empresa y que nunca había trabajado para este señor».

El presunto fraude se llevó a cabo entre los años 2012 y 2014 y el cerebro del mismo, según la acusación pública, fue Mario O. B. Este constituyó en 2009 la mercantil Suministros Maol S. L., en la que figuraba como único socio y administrador. A pesar de que la empresa no realizaba trabajo ni actividad alguna, el acusado, al menos durante los años 2012, 2013 y 2014, dio de alta como trabajadores de la misma en la Seguridad Social a estas personas.

La inspectora de la Seguridad Social que investigó al inicio este asunto admitió ante el tribunal provincial que «pruebas determinantes sobre esta estafa no puede haber, pero que es evidente cuando se aúnan los casos individuales porque existen importantes coincidencias que hace que esté suficientemente acreditado». También añadió que ante el estado de cuentas de las empresas de Mario O. B. «en vez de reducir el número de empleados, aumentó su plantilla».

Para el Cuerpo Nacional de Policía «no hay dudas» de una trama irregular, ya que apuntan que el principal acusado «creó un entramado de 13 ó 14 empresas para cobrar prestaciones por desempleo».