El Juzgado de lo Penal número 5 de la capital aragonesa juzgó ayer a Iván G. G., el conductor de una furgoneta que el 18 de enero del 2018 arrolló mortalmente a un motorista en la A-68, en Zaragoza. En una vista oral celebrada a puerta cerrada por recomendación del CGPJ ante la alerta sanitaria del coronavirus, la Fiscalía Provincial y la abogada de la acusación, Mónica Seuma, solicitaron una condena de tres años de prisión por un delito de conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio imprudente.

Ante la magistrada, el encausado se defendió asegurando que superaba la limitación de 90 kilómetros por hora, pero que en ningún momento circuló a gran velocidad por el kilómetro 246,2 de la A-68, en el término municipal de Zaragoza.

Iván G. G. explicó, a preguntas de su abogado, Alberto Delgado, que el motorista implicado rebasó el carril contiguo, se introdujo en el suyo y que, de repente, frenó porque había una señal de obras que indicaba trabajos en la calzada unos metros más adelante. Una acción que, según este hombre, fue tan rápida que no tuvo opción alguna de evitar arrollar al motorista, Antonio Armengol, de 57 años y padre de dos hijos. La víctima circulaba en su Harley Davidson junto a otros motoristas.

El instructor del atestado, realizado por la Guardia Civil, aseguró que el encausado iba con exceso de velocidad y «sin prestar la debida atención», por lo que «reaccionó muy tarde». Tras analizar las huellas de frenada, los investigadores del instituto armado consideran que Iván G. G. circulaba por la vía a una velocidad superior a los 131 por hora.

Las acusaciones no solo reclaman prisión para el enjuiciado, sino que pierda durante cuatro años el permiso del carnet de conducir, además del pago de una indemnización de 462.630,25 euros. No obstante, Generali Seguros difiere en la valoración económica y propone el pago de 106.704,75 euros. Un hecho que también tendrá que definir en su sentencia la jueza.