El titular del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Barbastro ha concedido un plazo de cinco días más al Consorcio del Museo de Lérida para que acredite, con los documentos notariales originales, la propiedad de los 111 bienes de las parroquias reclamadas por la Diócesis de Barbastro.

La decisión del magistrado se produce a la espera de la sentencia que dirimirá, en vía civil, un litigio entre los obispados de Lérida y Barbastro, que acumula ya 25 años y que enfrentó el pasado mes de mayo a ambas diócesis en un tribunal civil en la capital barbastrense con posiciones diferentes e irreconciliables.

En una providencia hecha pública esta semana, el juez encargado del caso otorga al Consorcio del Museo Lérida cinco días más a los cinco que concedió previamente para que presente los documentos originales que acreditarían la propiedad de las 83 piezas, las más valiosas, que la diócesis catalana reconoce como propias.

Argumenta el magistrado que a pesar de que las partes implicadas en un litigio pueden presentar por vía telemática los documentos que sustentan su posición, la ley permite a los tribunales juzgadores solicitar los originales, una posibilidad, añade, que los litigantes "deben prever siempre, o, en todo caso, deberían haber designado el archivo donde se encuentran".

El abogado Jorge Español, integrante del equipo jurídico de la Diócesis de Lérida, que dirige Joaquín Guerrero, ha explicado que los referidos documentos no son sino un intento llevado a cabo en 2004 por el entonces obispo del obispado catalán Javier Ciuraneta para "autofabricarse imaginados y supuestos títulos de propiedad".

En declaraciones a Efe, Español ha comentado que Ciuraneta se sirvió ante un notario de Barcelona de la correspondencia mantenida entre un obispo de Lérida de principios del siglo XX, José Meseguer, y sus párrocos para elaborar dicho documento, cuyo original asegura la parte catalana que no puede localizar.

Para este letrado, el obispo Meseguer "nunca compró ni quitó nada a sus parroquias, sino todo lo contrario ya que lo que hizo fue para proteger los bienes que tenían en sus parroquias, reconociendo, además, que estas piezas mandadas a Lérida seguían siendo propiedad de las parroquias".

Destaca Español que la principal perito presentada en el litigio por la parte catalana, la conservadora del Museo de Lérida, Carmen Berlabé, "no tuvo más remedio que reconocer, a preguntas del tenaz letrado del Gobierno aragonés, que no existían contratos de enajenación entre el obispo Meseguer y sus párrocos".

En su escrito, el juez de Barbastro, que rechaza dar el plazo de quince días solicitado por el Consorcio del Museo de Lérida, apercibe a la parte catalana que si no aporta la documentación original "se darán las consecuencias legalmente previstas".

Esta documentación fue la principal prueba esgrimida desde Lérida durante el juicio celebrado el pasado mes de mayo en Barbastro, cuya sentencia podría darse a conocer a lo largo de las próximas semanas.