La firma un tampón del Ayuntamiento de Malón impresa en un convenio de colaboración con una asociación puede ser clave para absolver o condenar al exalcalde popular José Ignacio Magaña y al que fuera secretario municipal entonces, Enrique A. F. Ellos aseguran que tiene que ser el original que se firmó en el 2011, pero aparece una muesca en el sello de cuando este se rompió en el 2015. Para la perito judicial no hay dudas de que no es el original.

El exregidor y exsecretario se sentaron este miércoles en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza, después de que la actual alcaldesa por el PSOE, María del Carmen Calavia, denunciara los hechos puesto que el colectivo en cuestión habría recibido subvenciones gracias a ese convenio que le permitía apoyar en los festejos populares. Casualmente, la presidenta era concejal del consistorio y el ahora exalcalde y acusado el tesorero.

“La alcaldesa, con la que hay enemistad, me pidió el documento y yo le día una copia, así que pedí el original al exalcalde”, afirmó el entonces secretario municipal, quien asegura que le hizo firmar un documento a la primera edila de entrega del mismo. Una vez entregado, Calavia le preguntó si se podía hacer este tipo de acuerdos y él le contestó que “un convenio de colaboración sin trascendencia económica podía firmarse sin pasar por pleno”. También aseguró que se empleaban tres sellos, no uno como afirma el equipo de gobierno actual.

Una versión que confirmó el exedil Magaña. Este hombre explicó que él no tenía dedicación exclusiva y que trabajaba en otro lugar que no ha precisado y que en aquel 2011 fue él quien lo redactó y lo imprimió en una máquina con tecnología láser que no hay en el consistorio. Luego lo firmó de su puño y letra con la asociación, que también estampó su nombre.

Ante ello, el magistrado presidente del tribunal provincial, José Ruiz Ramo, le pidió que viera si el documento en cuestión era el que luego se denunció y este aseguró que sí, pero “que ese no está firmado a puño y letra”. Sobre el tampón también quiso destacar que había más y que no estaban bajo llave.

La secretaria municipal que sustituyó al acusado no entró a valorar el documento, pero sí aseguró que solo había un tampón y que incluso cuando el juzgado pidió el que había para investigar la causa “tuvieron que correr a Tudela a comprar otro”. También aseveró que este instrumento que da fe en los escritos solo estaba en su despacho y que este “siempre está bajo llave”. “La de la limpieza entraba cuando estaba yo, si me iba de vacaciones ese lugar no se limpiaba”, defendió.

Antes de que el juicio quedara visto para sentencia presentó su informe la perito que analizó el documento sospechoso por encargo del juzgado de instrucción. Esta especialista explicó que la firma y el sello no son auténticos y, por tanto, que no es el original. Ante ello, el abogado de la acusación particular, Jesús Cuenca, solicitó una condena de 3 años de cárcel para cada uno de los acusados y una pena de multa de 2.100 euros. La defensa, ejercida por Javier Osés, pide la absolución.