Un juzgado investiga al Cabildo de Zaragoza por revelación de secretos

Los hechos, según los denunció Coviar, comenzaron a gestarse en junio del año pasado, cuando el director de Seguridad del Cabildo les requirió verbalmente que les proporcionasen detalles del dispositivo de vigilancia de las instalaciones religiosas. Algo que hicieron, entre otras cosas por la confianza que les unía tras 12 años prestando el servicio.

FILTRACIÓN

Sin embargo, posteriormente tuvieron conocimiento de que estos datos habían sido remitidos a Prosegur, tanto los suyos como los de otra empresa que se encargaba de las alarmas. Ante esto, requirieron al Cabildo que tomase medidas, y este solicitó a la empresa receptora que borrara y no utilizase los datos recibidos. Pero al quedarse la solución en esto y no acceder la institución religiosa a mantener más reuniones, optaron por querellarse.

Los tres denunciados, el canónigo Ignacio S. R., el contable Mariano M. T. y el delegado de Prosegur, Jesús I. L., declararon esta semana en el juzgado, en el que reconocieron el trasvase de datos pero afirmaron que no lo consideraron ningún delito.

Coviar entiende que proporcionar a un tercero datos de sus empleados, como el nombre y el DNI, así como del operativo y sus tarifas, son cuestiones de modelo de empresa y know how, que debían quedar protegidas por la confidencialidad del contrato.

Los querellados, por contra, explicaron al juez que los datos que proporcionaron eran «contratos tipo», sin valor. «Las horas de servicio son públicas y la facturación la conocemos nosotros, porque la pagamos», indicó el canónigo, añadiendo que «no había ningún tipo de cláusula de confidencialidad» en el contrato.

Según expuso el empleado del Cabildo, el año pasado tuvo un «encuentro» en una cafetería, a través de un conocido, con el delegado de Prosegur, como así confirmó este último. Hablaron de su posible concurrencia a la licitación, y quedaron en enviarles información para que ellos pudieran preparar una oferta para el concurso.

Con ese ánimo, expuso el canónigo, pidió la información y la reenvió, aunque este propósito «realmente no» fue explicado a Coviar, admitió.

Y negó con contundencia que hubiese recibido ningún pago por parte de Prosegur, ante la pregunta al respecto del abogado de los denunciantes, Ignacio Arsuaga.

La misma versión, desde el lado contrario, ofreció el delegado de Prosegur. Afirmó que no llegó a usar, gestionar ni interpretar los datos, ya que lo único que pidió fue información sobre retribuciones y horarios de los empleados, para calcular el operativo necesario en caso de tener que subrogar a la plantilla de la empresa anterior, si ganaba el concurso.

El contable, por su parte, tampoco vio irregularidad, aunque dejó claro que se limitó a enviar lo que le pidió su superior, el canónigo.

Prosegur, de hecho, no llegó ni siquiera a presentarse a la licitación, por lo que no hay ningún delito que investigar respecto al concurso más allá de la revelación de secretos y secretos empresariales que denuncia Coviar. Pero esta tampoco fue reelegida, tras doce años de servicio. Una tercera compañía se encargará, desde febrero, de la seguridad catedralicia.

LA EMPRESA NI SE PRESENTÓ

Prosegur no llegó a presentarse al concurso por el que su delegado en Aragón está investigado por revelación de secretos, en su vertiente de receptor. Según explicó ante el juez, en noviembre sufrieron un ataque informático que les quitó «capacidad de reacción», y además no les facilitaron la visita a las instalaciones que también habían requerido para preparar la oferta. El hackeo también lo mencionó el contable del Cabildo como hipótesis para explicar cómo los correos que se enviaron a Prosegur acabaron en manos de Coviar sin que ninguno de los dos se los remitiese