El Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid se hará cargo de la investigación de una multitudinaria estafa realizada por una agencia de viajes en internet destapada en Huesca que suma ya más de 120 perjudicados y una cantidad defraudada en torno a los 200.000 euros.

Así lo ha acordado el Tribunal Supremo en un reciente auto en el que ordena que sea el órgano instructor madrileño quien se haga cargo del caso dado que los autores del presunto delito de estafa tienen su residencia en la capital española y es desde esta ciudad donde perpetraron los hechos.

La investigación se inició en octubre de 2012 a raíz de una denuncia interpuesta por cuatro vecinos de Huesca que contrataron los servicios de la agencia y que, después de infructuosos contactos por correo electrónico, no pudieron conseguir la documentación necesaria para realizar el viaje, por el que pagaron 3.646 euros.

Tras la denuncia fueron detenidos los dos administradores de la agencia, viajesfundamentales.com, e intervenida una cuenta corriente domiciliada en una sucursal bancaria de Navalmoral de la Mata (Cáceres) en la que se ingresaban los pagos.

Los datos obtenidos a través de las entidades financieras desde la que se realizaron los ingresos permitieron comprobar que la cuenta de la agencia de viajes había sido bloqueada por el propio banco al detectar sus responsables "movimientos sospechosos compatibles con el blanqueo de capitales".

El examen de los movimientos realizados en dicha cuenta permitió identificar en un principio a unos cuarenta perjudicados, aunque el posterior estudio del material informático de la falsa agencia propició que la cifra de presuntos estafados se triplicara.

La forma de actuar de la agencia consistía en remitir a los perjudicados, una vez realizado el pago, una factura pro-forma perfectamente cumplimentada en la que se detallaba el viaje.

La buena presentación de la documentación remitida y la apariencia de legalidad de la página web daba credibilidad a la actividad de los sospechosos, que siempre retiraban con rapidez de la cuenta el dinero ingresado por los clientes.

Las pesquisas permitieron a la Guardia Civil detectar perjudicados en Huesca, Madrid, Pamplona, Zaragoza, Palma de Mallorca, Vizcaya, Castellón, Burgos, Granada, Ciudad Real, Gerona, Valencia, Barcelona, Oviedo, Valladolid, Murcia, Sevilla, León y Alicante.

Aunque el Juzgado de Instrucción número 4 de Huesca, que llegó a acumular las denuncias de 92 perjudicados, ya se inhibió en pasadas fechas en favor del madrileño, el Tribunal Supremo ha ordenado ahora que un tercer órgano judicial de Palma de Mallorca que también investigaba el caso tras recibir las denuncias de once perjudicados, remita sus indagaciones al de la capital española.