La Audiencia Provincial de Teruel juzgó ayer a David Monforte Fleta, el empresario que recibió casi 1, 8 millones de euros en subvenciones para montar una fábrica de coches eléctricos en Motorland (Alcañiz) y que finalmente no tuvo actividad. Ante los magistrados, este hombre señaló que esas ayudas públicas (Ministerio de Industria, Instituto Aragonés de Fomento, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, etc.) las invirtió en un plan empresarial que no pudo culminar porque le faltó financiación.

Explicó, a preguntas de su abogada Carmen Sánchez Herrero, que le fallaron tres proveedores y que el catedrático universitario que contrató para llevar a cabo su proyecto no hizo más que cobrarle dinero. Destacó que llegó a construir una nave. No obstante, sí reconoció que está casado con una mujer de origen cubano y que realizó cuatro viajes a La Habana con parte del dinero de las ayudas.

La Abogacía del Estado pide 8 años de prisión para Monforte porque considera que al solicitar ayudas públicas, «declaró falsamente la no percepción de otras de la misma naturaleza que hubieran podido suponer la no concesión de los fondos que finalmente sí recibió». Su modus operandi, según las acusaciones, era «solicitar una factura con un pedido voluminoso con el fin de mostrar unas expectativas de negocio y realizar un abono que posteriormente se retrocedía por otra vía con diferentes excusas». De esta forma daba una apariencia de solvencia. Con ello, añade, «se abonaba una parte en concepto de anticipo o abono del IVA para después dejar impagado el resto».La compañía que montó el acusado, según la base de datos de la Agencia Tributaria, no constaba que tuviera trabajadores, no presentó declaración alguna (ni por impuesto de Sociedades, ni IVA, retenciones, pagos a cuenta, ni declaración de ingresos y gastos superiores a 3.005,06 euros). Una acusación que rechazó Monforte quien destacó que tuvo dos empleados y becarios a los que pagó en metálico. El exconsejero de Industria, Arturo Aliaga, declaró como testigo.