El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca ha acordado la suspensión cautelar de la autorización ambiental integrada dada al proyecto de instalación de una planta de biomasa en Monzón ante las "dudas" que ha generado el permiso al propio Gobierno aragonés.
El auto judicial admite la medida cautelar solicitada por Ecologistas en Acción para instar la suspensión de la resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) de rechazar el recurso planteado por los conservacionistas contra la autorización concedida en agosto de 2015 a los promotores del proyecto.
El titular del juzgado oscense asegura en su escrito que en el procedimiento judicial no constan los motivos que llevaron al Inaga a acordar una revisión de oficio del permiso dado, pero añade que "esta sola circunstancia es suficiente para proyecta sobre dicha autorización tantas dudas como le han sido generadas a la propia administración".
Sin embargo, advierte el responsable judicial que la medida cautelar acordada se mantendrá mientras a la espera del proceso de revisión de la autorización, "cuyo resultado -añade- podrá merecer la reconsideración de esta medida cautelar".
Ecologistas en Acción admite que la decisión judicial "abre la puerta" a la reconsideración de la medida cautelar acordada una vez concluya el procedimiento de revisión de la autorización, "siempre cuando se acredite que han podido variar las circunstancias que han llevado a la revisión de la licencia ambiental".
La organización conservacionista informa, además, de su decisión de presentar un recurso contra la nueva autorización revisada, una vez sea hecha pública por el organismo de gestión ambiental
Argumentan a este respecto que lo "habitual" en estos procedimientos es que la suspensión cautelar se mantenga hasta que se produzca una sentencia firme en el procedimiento contencioso, "lo cual no se prevé que suceda antes de dos o tres años", subrayan.
Los ecologistas añaden que la vigencia de la medida acordada, en el caso de mantenerse, impedirá el inicio de la construcción de la incineradora.
La organización valora "muy positivamente" el auto judicial y señala que la decisión del juez de no requerir una fianza por posibles perjuicios a la empresa promotora evidencia la "solidez" de los argumentos expuestos en la demanda.
Señalan sus responsables, por otra parte, que este mismo juzgado ya desestimó la pasada semana las alegaciones hechas por el Gobierno aragonés y la empresa promotora, Solmasol, para tratar de impedir la admisión del recurso contencioso interpuesto contra la autorización ambiental.
A este respecto, los ecologistas se muestran confiados en que este tribunal estudiará la legalidad de la ubicación de la planta, a tan solo 600 metros del casco urbano de Monzón.
El alcance de la medida cautelar acordada fue valorada días atrás por la empresa promotora del proyecto, en un comunicado en el que se ponían de relevancia las palabras del propio juez al afirmar que podría ser modificada a la vista de la decisión adoptada por el Inaga en su nueva autorización revisada.
