El Pirineo contaba con un brillante plan para depurar las aguas residuales de todos sus pueblos. Pero ahora, como consecuencia de la crisis, muchas de esas mismas aguas siguen bajando turbias porque no hay dinero para construir todas las depuradoras planificadas y que deben estar terminadas en 2015 para no afrontar sanciones de la Unión Europea.

Ese es el mensaje que transmitió ayer en las Cortes de Aragón el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Modesto Lobón, que, para infundir esperanzas a una oposición que exige resultados, aseguró que aún no está todo perdido y que mañana se mantendrá una reunión en Madrid para abordar la posibilidad de solicitar los fondos necesarios al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Lo peor es que, si ese recurso no funciona, se pasará a lo que el consejero denominó plan B: renunciar a las 297 depuradoras planteadas en el Pirineo a solo 29, cuatro grandes y 25 pequeñas. Con eso se cubrirían las necesidades de 20.000 personas, pero quedarían muchas entidades apenas habitadas, con hasta 2.000 residentes en total, al margen de la depuración.

"SOBREDIMENSIONADO" Esta solución no es del agrado de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragónes (Adelpa), que ayer mismo, por boca de su presidente, Pablo Lorenzo Castán, pidió que se siga adelante con el plan inicial. "Ese plan ya tendría que estar terminado, pues las obras están todas adjudicadas", aseguró Castán, que preguntó "qué ha pasado con los 139 millones que adelantó la Unión Europea".

La propuesta de Lobón soliviantó a la oposición. La representante del PSOE en la Comisión de Agricultura exigió que se devuelva el canon pagado hasta ahora por todos los municipios que aún no cuentan con depuradora, y que se sitúa en el 50% del coste a la espera de aplicar el 100% a partir del 1 de enero.

La representante socialista, que hizo referencia al "escándalo" que puede suponer la financiación del BEI para las "empresas amigas", dijo que "se han perdido dos años" y pidió al consejero de Agricultura que "negocie con Adelpa".

Joaquín Palacín, de Chunta, criticó por su parte un plan que considera "sobredimensionado" y apostó por la construcción de "depuradoras verdes", que resultan menos gravosas.

Miguel Aso, de IU, mostró su "preocupación" por la marcha del plan y preguntó "quién pagará las sanciones" de la Unión Europea. Además, puso en duda las ventajas de la colaboración público-privada sobre la que se ha realizado el proyecto.

Modesto Lobón lamentó que Adelpa esté barajando la posibilidad de llevar el asunto por vía judicial y defendió la "justicia distributiva" que supone el canon, que, en palabras de Joaquín Peribáñez, del PAR, no hace tanto referencia a la depuración como al vertido de aguas sin tratar, como también alegó el propio consejero de Agricultura.