El Departamento de Sanidad dejó entrever ayer que aplicará el nuevo copago para enfermos graves o crónicos no ingresados por medicamentos dispensados en hospitales. El consejero, Ricardo Oliván, apuntó ayer que, aunque aplicar la medida el 1 de octubre --como pretende el ministerio-- es "materialmente imposible", se está analizando la lista de 157 medicamentos para averiguar cuál es la repercusión en la aportación de cada usuario, ya que son fármacos normalmente "muy caros", con importes anuales que pueden superar los 25.000 euros.

De este modo, Aragón no mostró su rechazo a la medida, como sí lo han hecho País Vasco, Cataluña, Andalucía, Navarra o Castilla y León (esta última gobernada por el PP) aunque Oliván habló de posibles "medidas compensatorias" ante la obligación de que los pacientes paguen el 10% del coste del medicamento aunque con un tope de algo más de 4 euros.

Así, el consejero expuso que la aportación en algunos casos puede ser simbólica y en otros no, "y es ahí donde se quiere incidir, de forma que en función de la renta la aportación pueda ser la mínima posible, e incluso ninguna, y ese caso sería asumido por la comunidad", y añadió que "nuestra voluntad es que no tenga un efecto perjudicial sobre los pacientes",

El consejero subrayó que el mecanismo se pondrá en marcha lo antes posible, pero corre "más prisa" establecer cuál sería el límite de aportación "admisible" desde un punto de vista social.

Por su parte, los pacientes exigieron a la DGA que asuma ese 10% que tendría que abonar el enfermo. "Estamos indignados por un nuevo recorte contra los más débiles y se está jugando con la vida de muchas personas sin atender a su situación social ni psicológica", denunció Juan Ramón Barrios, presidente de Omsida, que consideró que la medida "penaliza la enfermedad" y provocará "más atenciones en Urgencias e ingresos". Además, pidió a la DGA que compense el coste "por una sanidad universal y gratuita".

Desde el Foro Aragonés del Pacinente también se mostró rechazo a la medida del ministerio aunque su presidente, Tomás Mainar, admitió que "se veía venir" y se sumó a la petición de que Aragón colabore porque "estamos indignados con una decisión que, de nuevo, se ha tomado sin consultar y por la puerta falsa".