El Gobierno de Aragón tiene en estos momentos 164.000 euros procedentes de diversas herencias de ciudadanos aragoneses que fallecieron sin testar. A esta cantidad se le sumarán próximamente las cantidades que se recauden de los ingresos que se percibirán por la venta de los inmuebles y propiedades de otras 16 herencias recibidas por abintestato (aquellas que pasan directamente a la administración autonómica cuando una persona fallece sin haber declarado herederos).

Cuando haya ingresado todo el dinero procedente de la subasta a concurso público por medio de la cual se venderán esas propiedades, la intención de la Consejería de Hacienda es convocar "cuanto antes" la Junta Distribuidora de Herencias que es el organismo público que se encarga de repartir ese dinero recibido entre las distintas entidades sociales que prestan servicios a la comunidad. En la última década, esta junta ha repartido en la primera década del siglo XXI alrededor de 4 millones de euros entre los colectivos dedicados a los asuntos sociales. La última vez que se reunió esta junta fue en diciembre del 2010. En aquella fecha se repartieron 876.752 euros procedentes de un total de 24 herencias cuyos caudales oscilaron entre los 156 euros de mínima y los casi 283.000 del caudal hereditario más elevado. Se presentaron 143 colectivos y finalmente fueron 35 los beneficiarios después de que la junta estudiara cada una de las peticiones.

DISMINUCIÓN En esta ocasión, las cuantías son menores. De momento, la DGA ha recibido herencias procedentes de siete personas fallecidas. La suma de todos sus capitales ascendió a 164.000 euros. La mayor parte de ellas eran pequeños patrimonios y solo una tenía una dimensión considerable, de 117.000 euros. A estas otras siete hay que sumar las recibidas por 16 pesonas fallecidas cuyo patrimonio aun siendo pequeño, consiste en algunos inmuebles. La Junta de Distribución de Herencias se reunirá en cuanto haya una suma mayor.

Estas cantidades, aunque no serán muy elevadas, permitirán a algunos colectivos paliar sus problemas financieros derivados de la crisis económica y el recorte que también sufrirán en las ayudas que pudieran recibir de las instituciones públicas. A su vez, la crisis también repercute en que las herencias sin testar que pasan a formar parte del patrimonio público sean menores.