Más libertad para los ayuntamientos pequeños. La nueva Ley de Urbanismo flexibiliza las exigencias urbanísticas para los municipios de poca población, que ya no estarán sujetos a unos determinados cupos en la elaboración de sus planes generales. Podrán planificar en función de sus necesidades, sin tener que cumplir con exigencias en zonas verdes, industriales o residenciales. Aunque luego será el Gobierno de Aragón el que tendrá que aprobarlos. "Entendemos que la ley lo que tiene que hacer es adaptarse a las necesidades del territorio, por eso es bueno dar margen a los ayuntamientos", explicó Pilar Lou, directora general de Urbanismo. Esta es una de las medidas que se contempla en el proyecto de modificación de la Ley de Urbanismo, que ayer recibió el visto bueno del Ejecutivo.

En Aragón, el 60% de los municipios no experimentan desarrollos urbanísticos. Y algunos de los que podrían hacerlo se veían frenados por un serie de trámites e impedimentos que dificultaban a los consistorios realizar una ordenación acorde a sus necesidades. Eso ahora va a cambiar. Se da carta blanca a los ayuntamientos, aunque siempre bajo la supervisión del Ejecutivo.

La filosofía general de la nueva norma es la reducción de los trámites administrativos y un menor intervencionismo del Gobierno de Aragón. La norma ha sido consensuada con 19 colectivo, pero no con los grupos políticos. Gran parte de las competencias quedan en manos de los consistorios. Se liberaliza notablemente el sector, con la intención de dar un nuevo impulso a la construcción. Se introduce la figura de la declaración responsable. Proyectos como una remodelación o una revisión de una instalación o una vivienda solo requerirán que el técnico que avala el proyecto firme una declaración de este tipo. Pero se hará siempre posterior a su ejecución.

EMPRESARIOS Además, los empresarios que adquieran parcelas en los polígonos industriales de cualquier municipio de la comunidad autónoma estarán obligados a ceder menos terreno a los ayuntamientos. Se pasa del 14 al 8%. El objetivo, dice el Gobierno, es ahorrar costes a los emprendedores que quieran instalarse en la comunidad y generar así más puesto de trabajo.

La reforma contempla la simplificación de los procedimientos a través de la reducción de los plazos establecidos o la acumulación de trámites de diversos procedimientos, como la reforma operada en la tramitación de las autorizaciones especiales en suelo no urbanizable que se excepcionan cuando se requiera evaluación de impacto ambiental, evitando la duplicidad de los procedimientos urbanísticos y ambiental y estableciendo cauces de coordinación. Por otra parte, se reduce el plazo para la aprobación definitiva de los planes generales por el órgano autonómico de seis a cuatro meses, articulando un sistema de intervención previa simultáneo con el análisis ambiental de la memoria ambiental.