Las necesidades presupuestarias obligan. El Gobierno de Aragón denegará cualquier prolongación de la vida laboral de sus trabajadores. Es decir, que obligará a que se jubilen a los 65 años. La propuesta se producirá mañana en la mesa de negociación, tal como adelantó EL PERIÓDICO, en la que están presentes los sindicatos de sanidad, educación y servicios generales y los responsables de la consejería de Hacienda.

Hacienda ha hecho llegar una circular, a la que ha tenido acceso este diario, en la que se explica la propuesta del Gobierno. Y se argumenta. "El escenario de consolidación fiscal y de sostenibilidad de las cuentas públicas exige la adopción urgente de medidas dirigidas a racionalizar y reducir el gasto de personal del sector público de la comunidad autónoma de Aragón, para lo cual es imprescindible el cumplimiento estricto de las medidas que vienen reflejadas en la normativa vigente y en el plan de reequilibrio financiero (2012-2014)".

La prevalencia de las cuestiones presupuestarias y económicas que concurren en el ejercicio del 2013, obligan, dice el documento, a denegar, con carácter general, "la concesión de las solicitudes de prolongación de la permanencia en el servicio activo, así como de la prórroga de las prolongaciones". Tanto de aquellas que se hayan producido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 7/2012 --que contiene medidas "extraordinarias" en el sector público de la comunidad para garantizar la estabilidad-- como de aquellas que aprobado con posterioridad.

Cualquier prolongación en la edad de jubilación tendrá carácter "excepcional". Tendrá que justificarse en el expediente, "de forma motivada", la acreditación de las causas que justifiquen su concesión. Las únicas excepciones serán los investigadores que tengan estudios pendientes de conclusión o aquellos funcionarios que no hayan cotizado los años suficientes para jubilarse.

La Administración pretende jubilar a todos aquellos que tengan los 65 años. Esas plazas no se cubrirán. Ahí radica el ahorro. El colectivo más afectado será el sanitario, según explicaron ayer fuentes sindicales. El Ejecutivo señala en la circular difundida que "merece mención especial la obligación inexcusable de cumplir las medidas" tanto para el departamento de Educación como para el de Sanidad, dada "la importante reducción que han reflejado en el capítulo I de su presupuesto de gastos para el ejercicio".