-¿Cambia mucho la perspectiva como consejero, aunque ya se conozca el área perfectamente como secretario general técnico?

-Es inevitable que lo haga, porque la responsabilidad del consejero no es comparable con cualquier otra que haya podido tener. Pero sí, el departamento me lo conozco.

-¿Ya se imaginaba que lo iban a designar o no hacía caso a las quinielas?

-No, la verdad es que no hacía ningún caso, porque siempre he pensado que cuando asumes una responsabilidad, del nivel que sea, estás para cumplir con tu cometido, sin esperar que te sirva para promocionarte.

-Las primeras reacciones a su nombramiento fueron que a Vox no le convencía su «talante» y en Ciudadanos le calificaron como «el azote de la concertada», ¿se espera una legislatura dura?

-Yo lo que digo siempre es que el diálogo y el acuerdo son la base fundamental para el desarrollo de las políticas educativas. Y por lo tanto, independientemente de las críticas que haya podido recibir, mi compromiso es trabajar con el talante adecuado para llegar a acuerdos, y con un permanente diálogo con la comunidad educativa, como lo he hecho siempre como secretario general técnico y en cualquier otro cargo en el que he estado.

-¿No le molestó el calificativo?

-No, porque no se ajusta a la realidad. Yo empecé siendo jefe de servicio de centros privados en el 2001, he sido director del servicio provincial, director general, y durante estos 15 años he tenido que relacionarme con la concertada, y se han producido avances importantes en el sector. Con la titularidad de los centros, pero sobre todo con los trabajadores. He recibido muchas felicitaciones desde el sector de la concertada.

-¿La «convivencia pacífica conla concertada» que figuraba en el acuerdo de gobernabilidad con el PAR en qué se traduce?

-Siempre ha habido una convivencia pacífica, con independencia de que haya habido momentos de discrepancia, resueltos pacíficamente, con diálogo y talante negociador. Y por lo tanto será una legislatura de convivencia y sobre todo para la mejora de la educación. La enseñanza pública debe ser para todo gobernante la prioridad, porque es aquella que llega a todos los puntos del territorio, que está siempre, desde los barrios del sur de Zaragoza hasta el Maestrazgo, el Sobrarbe o el Campo de Belchite. Ello no quita para que coexista con la concertada.

-¿Hay algún centro público en concreto que corra especial prisa para este mandato?

-Inauguramos con ocho centros públicos nuevos en el sur de Zaragoza, en Pedrola, en Binéfar, que estarán ya en funcionamiento en septiembre. Y seguimos redactando los proyectos de transformación de los centros públicos de infantil y primaria en centros integrados, con los de los nuevos colegios en Arcosur y Parque Venecia, y también deberemos continuar con las fases de Secundaria y Bachillerato de los centros integrados de Infantil y Primaria. Tenemos un grado de cumplimiento del plan de infraestructuras muy alto, creo que al noventa y muchos por ciento, porque solo se ha retrasado alguna actuación por las dificultades en conseguir un solar o en la tramitación o licitación de alguno, pero el nivel es muy satisfactorio. En este curso trabajaremos sobre un nuevo plan de infraestructuras, tras el del 2016-2020.

-¿Qué abarca este nuevo plan?

-Son cuestiones en las que ya estamos trabajando, como la Escuela de Hostelería de Zaragoza, la ampliación de los institutos de Alcañiz o el IES Sierra de Guara de Huesca, por poner tres ejemplos en tres provincias.

-¿Hay algún cálculo de cuántas escuelas rurales se hubieran cerrado atendiendo a un ratio normal? ¿Está demostrado que su mantenimiento contribuya a atajar la despoblación?

-Estamos hablando de alrededor de cien escuelas que han permanecido abiertas por esa flexibilidad de la ratio. No solamente hay que adoptar esa medida, que es importante en la escuela rural, sino que tenemos que aplicar otras como la anticipación de los dos años de escolarización, la transformación en centros integrados, como hicimos en Gallur o haremos para este curso en Benabarre, aunque no sean especialmente pequeñas, y eso significa dar continuidad y estabilidad en el sistema educativo. Eso supone dar continuidad y servicios. Son medidas con las que, en la medida en que tienes una igualdad de servicios respecto a las grandes poblaciones, no cabe duda de que ayuda al asentamiento y la permanencia de la población. Uno de los elementos fundamentales para que una familia abandone los pequeños pueblos es el cierre de las escuelas, eso está demostrado. Una vez se produce el cierre de una escuela, el pueblo se ve envejecido.

-¿Por qué los barracones se usan siempre como arma política?

-Para nosotros las aulas prefabricadas suponen un elemento de planificación, en tanto en cuanto estás haciendo una obra de amplicación o de construcción de un nuevo centro. Lo que no es normal es lo que pasó en la legislatura del 2011 al 2015 en Cuarte, cuando se acumularon aulas prefabricadas sin ninguna intervención u obra. Nosotros en Arcosur tuvimos aulas prefabricadas seis meses, hasta que tuvimos el centro, o ahora, en Parque Goya, las tenemos pero en diciembre habrán desaparecido, lo mismo que en Aínsa. Lo importante no es ponerlas, es que lo sean de forma transitoria para que no estén más de uno o dos cursos.

-¿La mejora de las condiciones del profesorado es una prioridad?

-Por supuesto. Lo fue la legislatura pasada, recuperar las condiciones laborales que los trabajadores, tanto de la pública como de la concertada, habían perdido, y adoptamos múltiples acuerdos: la reducción de ratios, la de la carga lectiva de 21 a 20 horas, estabilidad en el empleo con una Oferta Pública de Empleo, con la que crecimos en más de 1.500 profesores, acuerdos de conciliación... Al último no pudimos llegar, a la reducción de la carga lectiva para el profesorado a niveles de antes de la crisis, en la que no nos llegamos a poner de acuerdo, entre otras cosas porque estábamos, y estamos, con un presupuesto prorrogado. Los próximos pasos serían llegar a un acuerdo en esto y continuar con la oferta pública de empleo para reducir la interinidad y dar estabilidad al profesorado.

-¿Habrá más oposiciones, entonces?

-Sí, en el 2020 habrá oposiciones para aquellas especialidades que no salieron en las del 2018. Y con la concertada, por cierto, también llegamos a importantes acuerdos esta legislatura, la del «azote» (ríe), como una subida salarial de alrededor del 6%, con un convenio colectivo que tienen paralizado en Madrid, pero en el que nosotros hemos anticipado las subidas salariales. Y hemos llegado a un acuerdo muy importante, la jubilación parcial con contrato de relevo, novedoso en toda España y muy bien valorado en el conjunto del sector. Beneficia a unos 300 profesores, que acumulan unos meses de trabajo en esa jubilación parcial, mientras el profesor está sustituido por un relevista.

-Otra gran apuesta es la FP, ¿hay fecha para el campus digital?

-Esta legislatura tenemos que darle un impulso definitivo a la FP, que la pasada ya tuvo una ampliación de la oferta formativa importante. Vengo diciendo que hay que fijarse más en la cualificación que en la titulación. Las familias se fijan más en qué título tengo, y lo importante es qué voy a poder desempeñar, para qué estoy cualificado. La estrategia del campus digital es una de las prioridades, supone crear un espacio donde convivan alumnos, profesores, empresas y profesionales, para atraer talento. El campus es mucho más amplio que el espacio de la Expo, ya que formarán parte centros integrados de FP que ya son referentes en la formación, como el CIFPA de Plaza, el centro de Los Enlaces, como la Escuela de Artes o la futura Escuela de Hostelería. Es una red de conocimiento, con un espacio compartido en este entorno pero con otro tipo de centros. La idea es que esté conformado en dos años, y creemos que el Pabellón de España es un buen centro de referencia, y estamos tramitando su cesión material con el Gobierno de España, tras el acuerdo de la Comisión Bilateral.

-¿Esta legislatura será la de la vuelta definitiva de los bienes?

-Ya hubo un gran retorno, y el resto está judicializado, pero confiamos en que sí. Nosotros estamos trabajando para acogerlo, con obras que ya se iniciaron la legislatura pasada, por valor de cerca de un millón de euros. Ahora se va a adjudicar otra reforma de 200.000 euros, todo esto en Sijena. En el resto, estamos sujetos a los tiempos de la Justicia.

-¿Le consultaron la división de las direcciones generales de Patrimonio y Cultura?

-Como he sido director general técnico y he tenido que coordinar todas las direcciones generales, uno de los elementos a mejorar era que se trataba de una dirección general sobredimensionada. Dividirlas, sin perder coordinación, es bueno porque libera de gran cantidad de carga de trabajo, sobre todo a los funcionarios.

-¿Tener una dirección general en la consejería ajena al partido (Política Lingüística, en manos de CHA) supone algún problema?

-Ninguno porque forma parte del equipo del departamento, y la política es común. No ha habido dificultad, al contrario.

-¿Harán caso a la recomendación del Justicia de cumplir el horario de clases de aragonés?

-El horario lectivo es una cuestión de organización del propio centro, lo importante es cumplir con el currículo. Si afecta al contrato de los profesores, entonces sí tendremos que sentarnos a hablar.

-¿El deporte es el ‘hermano pobre’ de la consejería?

-Este departamento en la legislatura pasada impulsó dos leyes muy importantes. La del Deporte, que nos toca desarrollar, con tres elementos fundamentales: la igualdad, el apoyo a los clubes, tanto de base como profesionales, y el deporte en valores. Hay bastante trabajo. Hemos avanzado mucho en aulas de tecnificación, para que los deportistas puedan compatibilizar mejor su actividad deportiva y escolar, las tenemos en el Goya de Zaragoza, Andorra y Jaca. En cuanto a la ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta, creo que es de las más novedosas en España, porque supone crear espacios de inclusión, una segunda oportunidad para quienes abandonaron el sistema educativo de forma prematura, y una oportunidad permanente de inclusión laboral.