El Congreso de los Diputados abordó ayer, por tercera vez, el debate sobre la ley de eutanasia, un debate que en Aragón ya tuvo un importante paso previo hace nueve años con la aprobación de la Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte, más conocida como ley de muerte digna. Una norma casi pionera (fue la segunda promulgada a nivel autonómico) pero que, a juicio de algunos, no ha tenido el impulso necesario.
Así lo opina la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Aragón, según exponía José Antonio Rovira, miembro de la junta directiva. «La ley no ha tenido el desarrollo que merece», consideraba, como principal instrumento del paciente para explicitar sus deseos a la hora de morir y evitar que, «una vez que no se puede prorrogar la vida, se prolongue la muerte».
A juicio de Rovira, la norma «es desconocida, en la sociedad pero también entre el personal sanitario». Por ello, consideran «imprescindible» que se realice una campaña informativa en centros de salud, y que se habilite la posibilidad de presentar el registro de voluntades anticipadas -una de las principales herramientas de la ley- no solo en Zaragoza capital, sino en cualquier centro de salud y en los ayuntamientos.
La asociación también exponía su deseo de que se cree un Observatorio de la Muerte Digna en la comunidad, para estudiar las circunstancias de los decesos, con aportaciones de los pacientes y los familiares, además de los facultativos. Una iniciativa que, según DMD, solo se ha llevado a cabo en Navarra y se está preparando en Cataluña.
El desconocimiento de la norma y su falta de desarrollo también preocupa a Izquierda Unida, formación que propuso la ley en las Cortes de Aragón. De hecho, según exponía su actual coordinador autonómico, Álvaro Sanz, el pasado 20 de enero registraron una moción precisamente para desarrollar e impulsar la norma.
REGISTRO DE OBJETORES / Además de proponer este registro descentralizado y la realización de campañas informativas para la sociedad y el personal del Salud, la moción incluye también la posibilidad de obligar a los facultativos que sean objetores de conciencia respecto a la norma a que informen de ello a su jefe de servicio, para garantizar que el paciente recibe la información.
Para IU, «el Gobierno de Rudi (PP-PAR) vació de contenido» la norma aprobada y no la desarrolló, lo cual hay que reparar.
De forma parecida lo veía Podemos, que de hecho considera que la norma tuvo un «hueco importante» al no regular la eutanasia, un «derecho propio de una democracia avanzada», que se alegraban de que llegue al Congreso.
Por parte del PSOE, el portavoz parlamentario, Vicente Guillén, destacaba que la norma aragonesa fue aprobada bajo un Gobierno socialista (con el PAR) y ahora el estatal va a tener la «valentía» de afrontar la regulación de «los derechos y garantías de todas las personas en situación de muerte inminente».
En CHA, la diputada Carmen Martínez defendía la ley aragonesa como un avance para «el respeto a los valores vitales de la persona», su «plena dignidad» y «el respeto escrupuloso» a su voluntad.
Desde Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo consideraba que, «desde una óptica liberal, nadie puede oponerse a que cada individuo decida sobre su propia vida», pero apostaba por una regulación nacional, sin «desigualdades».
El diputado Jesús Guerrero, del PAR, apuntaba que si en política hay que buscar consenso, «mucho más en temas de vida o muerte», por lo que apelaba a la «paciencia» a la hora de legislar y atender a los casos particulares.
EL PP NO APOYÓ Y VOX NO LO HARÍA
La ley del 2011 contó con un único voto en contra, el del PP, que alegó que no recogía la objeción de conciencia. La diputada Ana Marín consideraba ayer que «mucho de lo aprobado por aquella ley autonómica ya estaba recogido en la legislación estatal», y las únicas novedades fueron la creación del Comité de Bioética «y la puesta en marcha, a través de una enmienda del PP, de un plan de cuidados paliativos». Vox no estaba en las Cortes, pero tampoco la hubiese apoyado, ya que «la posición respecto a la eutanasia es clara», de rotunda oposición. Tampoco valoraron el debate en el Congreso hasta que no se debata.
