La reunión de la Comisión Provincial de Equipamientos Comerciales de Zaragoza, que estaba inicialmente convocada para hoy y en la que se debía analizar la propuesta municipal para legalizar el híper de Utrillas, ha sido aplazada por la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, hasta el día 11, según confirmaron ayer fuentes del Ejecutivo aragonés.
El aplazamiento ha sido decidido ante las reclamaciones de algunos integrantes de la comisión, que adujeron no haber recibido la convocatoria en plazo. La Consejería de Industria señaló que el llamamientos a los integrantes de la misma se realizó el pasado 28 de diciembre.
No obstante y, dada la trascendencia de los asuntos a tratar en la comisión, el departamento decidió realizar otra convocatoria por procedimiento extraordinario, recogido en la normativa, que exige un plazo de cinco días previos a la fecha fijada, de ahí que ayer se realizara la llamada a través de mensajero y con acuse de recibo.
Se desvanece así la posibilidad de impugnar la propia comisión por defecto de forma y entra en las fechas de un calendario muy ajustado. El día 14 de febrero se cumple el límite fijado por el juez para ejecutar la sentencia que podría conllevar la clausura de las instalaciones, tras la sentencia que declaraba la ilegalidad de los 10.000 metros de sótano.
La comisión provincial de Zaragoza --al igual que la de Huesca, celebrada el pasado martes, y la de Teruel, prevista para el día 10-- comenzará con el análisis del informe sobre el estado del comercio en Aragón conocido esta semana y que a través de un proceso que culminará en junio del 2005 deberá confeccionar el Plan General de Equipamiento Comercial de Aragón (PEC). Entre otras cuestiones se definirá sobre la moratoria, que en estos momentos afecta a la implantación de las grandes superficies (Más de 2.000 metros) en toda la comarca de Zaragoza. Pero de forma inmediata tendrá que abordar la compleja situación legal del híper de Utrillas, en la que el Ayuntamiento de Zaragoza propone una modificación del plan especial que, de ser respaldado por la comisión, permitiría aportarlo al juez y dejar en sus manos la decisión final de una tramitación que se inició con la alcaldesa Luisa Fernanda Rudi.
La comisión la integran 23 miembros, cuatro de Industria, cuatro por los consumidores, dos por los sindicatos, tres por la Cámara de Comercio, dos por los comerciantes, uno por la CEZ, dos de libre designación de la DGA y uno por cada ayuntamiento de Zaragoza, Ejea, Tarazona, Caspe y Calatayud.
