El presidente del Gobierno de Aragón advirtió ayer a los empresarios hortofrutícolas de que «emprenderán las tareas de inspección y sanción» en todas aquellas explotaciones cuyos dueños no hayan entregado la declaración responsable exigida la semana pasada por una orden de la DGA. El plazo de presentación de este documento terminaba ayer, y ya el lunes el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, no evitó mostrar su decepción al reconocer que, un día antes del límite establecido, se habían recibido muy pocas declaraciones. Lambán afirmó este martes que en la comunidad existen unos 3.000 empleadores para los 15.000 temporeros que trabajan en la recogida de la fruta dulce, y que «si no hay buena voluntad por parte de todos» será complicado controlar estas fincas.

El fin de estas declaraciones responsables era comprometer a los empresarios de la fruta a mejorar las condiciones de habitabilidad en las que viven los temporeros. La orden se dictó el pasado 24 de julio, y fue firmada a tres bandas por las consejerías de Empleo, Agricultura y Sanidad. El objetivo pasa por evitar las situaciones de hacinamiento de estas personas en sus residencias temporales mientras trabajan y mejorar sus condiciones laborales en general. Las multas por incumplir las nuevas especificaciones oscilan entre los 100 y los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción. «No es posible que en este sector se sigan produciendo situaciones como las que hemos conocido», sentenció Lambán.

En los próximos días se conocerán el número de declaraciones responsables que ha recibido la DGA, pero lo cierto es que no es la primera vez que el Ejecutivo autonómico trata de meter mano en el sector y falla. Hace ya algunos meses, cuando comenzó la campaña de recolección de fruta, se puso en marcha un servicio de transporte para que los temporeros pudieran desplazarse entre su lugar de residencia y el campo de forma segura y controlada. Para poder subirse a uno de estos autobuses, «lo único que había que presentar era el contrato de trabajo -explicó ayer Lambán-. Y creo que no llegó a salir ni un solo autobús. O es que realmente no necesitaban este servicio o es que no lo usaron por circunstancias más preocupantes», es decir, que los trabajadores carecieran de contratos escritos.

Desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) insisten en que desde su organización han transmitido a sus socios que rellenen la declaración, pero opinan que ya es demasiado tarde para actuar, puesto que la campaña de recogida en el Bajo Cinca, por ejemplo, acabará en menos de un mes.

«La gente está muy cabreada por la criminalización del sector. Creemos que es positivo que rellenen estas declaraciones pero luego cada uno hará lo que quiera. Hay mucho cabreo. Está habiendo rebrotes en toda España y se nos sigue señalando», decía Óscar Moret, responsable del sector de la fruta de UAGA en el Bajo Cinca.

Moret explicaba también que no les quedó más remedio que aceptar la orden dictada por la DGA, pero que no se consensuó. Ahora espera que «todas las partes actúen con sentido común», lo que pasa por que «unos rellenen las declaraciones y los otros no sancionen». Además, insistió en que los contagios están remitiendo en las últimas semanas, y que el problema se dio más por las condiciones en los almacenes que en el campo. Sobre la habitabilidad de las viviendas de los temporeros aclara que muchos agricultores ya han llevado a cabo reformas para garantizar unas mejores condiciones y el aislamiento en caso de contagio. «Pero el parque de viviendas tampoco se amplía de hoy para mañana. Además, llevamos años en crisis y cualquier inversión se hace complicada», añadía.

Por su parte, desde UGT mostraron algo más de dureza ante la falta de compromiso de algunos fruticultores. «Llevamos décadas denunciando la situación de los temporeros, pero ha sido ahora cuando ha salido a la luz. Y la patronal del sector ahora no hace más que quejarse. Las condiciones han mejorado en las últimas semanas, pero sigue siendo insuficiente. O hay un compromiso por parte de todos o no habrá solución», comentó José Juan Arcéiz, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT.