El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado que el Ejecutivo está dispuesto a analizar la posibilidad de hacer una "reforma razonable" del impuesto de sucesiones que satisfaga a los ciudadanos.

Así lo ha asegurado el presidente en la sesión de control al Gobierno de las Cortes de Aragón, en respuesta a una pregunta formulada por el presidente del PAR, Arturo Aliaga, quien se ha interesado por si el Gobierno piensa mantener el impuesto de sucesiones y donaciones con su regulación actual.

Lambán ha hecho referencia en su intervención a la reunión que esta semana mantuvo Aliaga con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, a quien ha sugerido que podía haberle pedido la eliminación del impuesto, en tanto en cuanto es de competencia exclusiva del Estado a pesar de tenerlo cedido a las comunidades.

Y ha criticado la iniciativa que ayer defendió el PAR en el pleno, que salió aprobada, para crear una comisión de estudio sobre la aplicación de este impuesto, ya que en noviembre de 2017 el Parlamento ya aprobó una proposición no de ley de Ciudadanos que insta al Ejecutivo a elaborar en el primer trimestre de 2018 un estudio del impacto de este impuesto que facilite una "reforma progresiva".

El PAR, que para Lambán "no pretende suprimir el impuesto, sino ganar votos" con él, va "con la lengua fuera" detrás de Ciudadanos, ha considerado, cuya iniciativa de revisión es adecuada frente a la "innecesaria e insulsa" comisión propuesta por los aragonesistas.

Pero además, en 2011, el Partido Aragonés prometió en campaña suprimirlo, pero el Gobierno del que el propio Aliaga formó parte "incumplió".

Según los datos del presidente, en 2013 la recaudación de este impuesto fue de 193 millones de euros frente a los 170 de 2017, con un Ejecutivo PSOE-CHA.

Aliaga ha insistido por su parte en el "clamor popular" para la eliminación de un impuesto que ha reconocido que debe venir del Estado, o por lo menos para su minoración.

Lambán ha negado que este impuesto penalice la economía productiva, en tanto en cuanto no tiene "nada que ver" con las decisiones empresariales de instalarse o no en la comunidad.

En la línea contraria se ha pronunciado también el diputado del PP Antonio Suárez, quien ha preguntado al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, por si considera que la política fiscal está influyendo en hacer menos atractiva nuestra la Comunidad Autónoma para la atracción de empresas.

Según ha dicho Suárez, los datos de la CEOE alertan de que el ritmo de creación de empresas en España ha bajado un 6,6 por ciento, pero que ese porcentaje ha sido del 19,4 % en Aragón, algo muy negativo en una población con un elevado grado de envejecimiento donde se necesita generar empleo para luchar "de verdad" contra la despoblación.

Gimeno le ha afeado que utilice "datos falsos" y se ha referido a los del Instituto Aragonés de Estadística (INE) de todo 2016, que aseguran que Aragón contaba con 578 empresas más el 1 de enero de 2017 con respecto a enero de 2016.

Lo que piden las empresas para instalarse en Aragón, según el consejero, no tiene que ver con la fiscalidad, sino con el índice de confianza empresarial, del bueno clima laboral y de las facilidades que las administraciones públicas ponen a su disposición para que se instalen.