El Gobierno de Aragón se retractó ayer de su postura a favor de vetar la caza del lobo en el territorio nacional y comunicó que, cuando el texto aprobado el pasado jueves con su voto de apoyo en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad avance en su tramitación, se pronunciará en contra de proteger a la especie.
Así lo aseguraron ayer fuentes oficiales del gabinete de comunicación de la DGA, dependiente del Departamento de Presidencia, que subrayaron que la citada comisión era solo un órgano consultivo y que, caso de declararse ilegal la caza del cánido en toda España, solicitará compensaciones para los afectados, principalmente los ganaderos, que se sublevaron a raíz de la decisión adoptada en Madrid con el voto a favor del representante del Ejecutivo aragonés.
De esta forma, el Gobierno de Javier Lambán entra en flagrante contradicción no solo con la normativa que aplica en su territorio, que es de rango europeo y prohíbe taxativamente la caza del lobo por ser una especie protegida, sino también en el seno de su propio organigrama, con la posición manifestada por el director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, que fue quien participó en la reunión con Madrid y apoyó la prohibición.
Además, se da la circunstancia de que Bayona pertenece a Podemos, uno de los miembros del cuatripartito en Aragón y con el que ayer fue imposible contactar por parte de este diario. Su labor se entronca en una consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que dirige el socialista Joaquín Olona, y que no le desautorizó tras su voto inequívoco a favor de la prohibición de la caza y de la protección.
Duro comunicado del PSOE
Y que solo dos días después, y tras arreciar las críticas de ganaderos y cazadores, las fuentes oficiales del Ejecutivo afirmaban que esa no era ni iba a ser la postura oficial del Gobierno aragonés en este debate sino la de rechazar esa prohibición y exigir compensaciones en caso de que el ministerio lleve a cabo el mandato que salió aprobado en el consejo consultivo con el voto de la comunidad. Esas fuentes oficiales ahora alegan que no era una decisión vinculante y que cuando pase por Consejo de Ministros y se apruebe, su posición será la contraria.
¿Qué ha cambiado en pocos días? La oleada de críticas y que ayer el PSOE de la provincia de Huesca emitió un duro comunicado en el que salía en defensa de los ganaderos y se oponía «a la consideración del lobo como especie de protección especial».
Además, exigía que «se consulte a los afectados antes de tomar decisiones trascendentales para su futuro». Los socialistas altoaragoneses exigían «que una decisión tan trascendental como incluir al lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPE) se adopte en cada territorio y por consenso, no con un solo voto decantando la balanza». Este bien podría ser el de Bayona (hubo 9 a favor y 8 en contra).
Críticas al director general de Medio Natural
Elisa Sancho, secretaria de organización de la formación, recordó que hasta hace tres años no había lobos en la provincia y desde su aparición «han sido múltiples los ataques de los ejemplares de esta especie a explotaciones ganaderas en diferentes puntos de la provincia, generando gran estrés a los animales y a los ganaderos unos daños irreparables».
«Una vez más, pedimos una revisión de la estrategia de introducción del lobo en nuestra comunidad», seguía la nota. «No debe facilitarse que se extienda a zonas donde no existe hoy esta especie, como Aragón». Y añadía que este tipo de decisiones se deben adoptar en cada territorio y por consenso, «no con un solo voto personal sin ningún de participación en esta decisión por parte de los afectados».
Sancho, que recordó que hace tres años no había lobos en la provincia y que tras su aparición fueron múltiples los ataques a explotaciones ganaderas, apuntó directamente a Bayona: «La dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal debería haber aprendido de todo lo ocurrido con la reintroducción el oso en la zona pirenaica, sus ataques, como los de los lobos, han causado daños irreparables a decenas de ganaderos, además del gran estrés que estas situaciones provocan en los animales. Es una falta de respeto a los ganaderos. No se pueden tomar decisiones trascendentales para el futuro de cientos de familias sin tenerlas en cuenta».
