El Gobierno de Aragón defiende que el decreto ley aprobado el lunes en el Consejo de Gobierno extraordinario dará el amparo legal suficiente para que la Justicia no tumbe sus últimas medidas contra el coronavirus. Un decreto ley que se ha elaborado de la mano de los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad y que se ve desde el Pignatelli como «difícil» de contravenir desde los tribunales, ya que se aprobará en las Cortes de Aragón y entonces adquirirá rango de ley. Hay pocas dudas en el Ejecutivo pese a que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, señalara que para hacer frente a la pandemia lo preceptivo era contar con una legislación específica a escala nacional, y rehusara valorar si el decreto podría ser recurrido.
«El decreto ley habilita al Gobierno de Aragón para que sus decisiones no necesiten la ratificación del Tribunal Superior de Justicia ni de ningún juez», aseguró Lambán, al ser preguntado si le preocupa que la Justicia trunque sus planes para frenar al virus.
«A nosotros lo que nos preocupa es la salud de los aragoneses. Preservar los derechos de los aragoneses, en primerísimo lugar, a la salud, a la educación y al trabajo. Y hacerlo desde un respeto escrupuloso a la legalidad. Las decisiones que tomamos las tomamos siempre desde esa perspectiva», insistió el líder socialista.
Desde que España accedió a la llamada nueva normalidad, cuando el peso de la gestión de la pandemia recayó sobre las comunidades, el Ejecutivo aragonés ha tomado diversas medidas con la intención de contener la expansión del covid-19. Solo 24 horas después de culminar la desescalada, dos comarcas retrocedían a la fase 2. A mediados de julio, lo hacían Zaragoza y su área metropolitana. Durante todo el verano, localidades como Huesca, Teruel o Barbastro salían y entraban de la nueva normalidad en función del ritmo de contagios. Todo ello, sin peros de la Justicia.
Después llegaron los confinamientos perimetrales de Ejea de los Caballeros --que se aceptó sin más ruido-- y el de Andorra, que fue suspendido a posteriori, cuando la localidad ya había doblegado la curva. El último episodio llegó con el freno al confinamiento de La Almunia de Doña Godina y el rechazo a las restricciones en los aforos de la hostelería zaragozana para el Pilar.
Lambán se mostró seguro de la herramienta elegida. «El decreto ley es una solución que hemos encontrado para reaccionar con rapidez a la epidemia, para no depender de decisiones ajenas por muy respetables que sean». Y reivindicó el «autogobierno» que otorga el Estatuto de Autonomía. «Tenemos la competencia en Sanidad y hemos decidido desde el primer día ejercerla a fondo, garantizar ese derecho básico a la salud y buscar fórmulas para que sea efectiva». Eso sí, reiteró, «respetando y cooperando» con el Gobierno de España y el resto de comunidades.
