El Gobierno de Aragón avanzará en el próximo debate sobre el estado de la comunidad (que se celebrará el 8 de octubre) una nueva hoja de ruta para afrontar con «más diálogo» las consecuencias del coronavirus. El presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, remitió ayer a las Cortes una petición para que se celebre este pleno de fiscalización en la que asegura que explicará durante su intervención las «líneas generales» de su plan de gobierno para lo que queda de legislatura, «producto» tanto de las bases programáticas que dieron lugar a la investidura como de la Estrategia aragonesa para la recuperación social y económica firmada en junio por todos los partidos menos por Vox. «Ese plan de gobierno ha de ser nuestro punto de encuentro, nuestra guía e instrumento de trabajo diario», señala.

El presidente aragonés hace en su solicitud un balance del primer año de cuatripartito (PSOE, Podemos, PAR y CGA). Un periodo que se inició con el compromiso de Lambán de potenciar ese pacto gracias a la estrategia de «trascender las barreras ideológicas y de ofrecer diálogo». Una fórmula que en su opinión es «más necesaria que nunca» tras la pandemia del coronavirus surgida en marzo. «La sociedad, la realidad y la emergencia que vivimos exigen ideologías dialogantes, capaces de compensar sumando, de alcanzar acuerdos, de pensar en el logro compartido y no en la victoria propia y la derrota del adversario político», valora.

Con todo, el responsable autonómico se enfrentará en el debate a una oposición que ha decidido elevar varios tonos la dureza de sus ataques, como sucede en el caso del PP. La razón de este cambio de postura tiene que ver con las complicaciones económicas que se derivan de una notable falta de ingresos públicos debido a la caída de la actividad económica. desde la DGA ya se ha reconocido que es «esencial» la «asistencia financiera del Estado y de la UE» para poder mantener los servicios públicos.

En su petición de debate Lambán reafirma igualmente su voluntad de apostar por «la transparencia y la rendición de cuentas». Una obligación que ha llevado al Ejecutivo autonómico a sustanciar hasta julio 72 interpelaciones y 258 comparecencias en las Cortes, indican.