En principio, el objetivo era conseguirlo en el 2020 o en el 2021, pero, ayer, el presidente del Gobierno aragonés, Javier Lambán, advirtió de que quiere acabar con la lista de espera en dependencia esta misma legislatura, a la que le queda un año y medio. Así lo expuso en su visita a la residencia de ancianos del barrio zaragozano de Las Fuentes, donde sacó pecho de la reversión de la situación en cuanto a la aplicación de la ley de dependencia desde que tomó el mando. «El objetivo es legítimo y alcanzable», aseveró.
Pero no será fácil. Para conseguirlo, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) debe contar con los recursos adecuados, sobre todo en lo que a dotación de personal. Aunque, de momento, la senda es la correcta. Así lo demuestra que, en los dos años y medio de legislatura, la lista de espera o limbo de dependencia -personas con derecho reconocido que no reciben la prestación que les corresponde- se ha reducido a la mitad, pasando de 14.883 personas a comienzos de legislatura a 7.700 en la actualidad, es decir, se ha pasado del 48% al 23%.
De hecho, el pasado mes de noviembre Aragón se situó por encima de la media estatal en este apartado cuando en la anterior legislatura llegó a ocupar el último lugar.
«Antes, cada día dejaban de estar en el sistema 5,2 personas de media, mientras que, el año pasado, cada día se incorporaron 13», aseguró el presidente, quien informó de que en la actualidad están incorporadas al sistema 25.618 personas, 9.000 más que cuando el Ejecutivo PSOE-CHA llegó al Gobierno.
Lambán, quien recordó que el de las personas mayores ha sido uno de los sectores más castigados por la crisis, denunció que no están siendo «bien tratados» por el Gobierno central, que ha incrementado las pensiones «muy por debajo del incremento del IPC», lo que «contradice» el espíritu con el que desde hace años se abordaban estas cuestiones, sobre todo, a raíz de la puesta en marcha del pacto de Toledo.
FINANCIACIÓN
El presidente de Aragón advirtió, además, de que si no hay presupuestos en España, la financiación del sistema de dependencia será «peor» y recordó en este sentido que el Estado tendría que aportar el 50% de la financiación de la ley de Dependencia pero aporta «aproximadamente el 16%», por lo que se está produciendo un «incumplimiento fragante de la ley estatal».
Según fuentes del Gobierno de Aragón, en el 2017 comenzaron la teleasistencia 853 personas y se consolidaron 2.611 personas que recibieron el servicio de ayuda a domicilio.
El porcentaje que más subió el pasado año, un 46%, fue el de las prestaciones vinculadas al servicio, seguido por la asistencia en centros de día, un 34%, y un 13% las plazas residenciales.
