El Gobierno de Aragón reclama que, en la medida de los posible, los 1.200 megavatios de capacidad de evacuación que tiene la térmica de Andorra, propiedad de Endesa, sean aprovechados por los empresarios aragoneses, en vez de quedar en manos de una empresa italiana -en referencia a Enel, dueña de la eléctrica española-, que ha demostrado que «cuando las cuentas no le salen no le cuesta ni un minuto tomar una decisión».

Así lo señaló ayer a preguntas de los medios de comunicación el presidente aragonés, Javier Lambán, quien explicó que esta será una de las propuestas que planteará la DGA para mejorar la Estrategia de Transición Justa aprobada la semana pasada por el Ejecutivo central.

Aunque apuntó que los técnicos todavía no han hecho el estudio correspondiente para la fase de información pública de dicho plan, reiteró que su Gobierno irá «a todo aquello que entienda que se puede corregir o mejorar».

A su juicio, Aragón cuenta con un elenco de empresarios de renovables «absolutamente ejemplar», por lo que no necesita que nadie venga a aprovechar sus renovables cuando las empresas aragonesas «lo pueden hacer a la perfección y con más compromiso que las empresas de fuera».

Por su parte, el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, realizó su primera visita institucional al Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, desde su toma de posesión el pasado mes de abril. En el encuentro, le trasladó la problemática de las cuencas mineras de Teruel tras el anuncio de cierre de la térmica de Andorra. Así se comprometió hacerlo el pasado 18 de febrero tras reunirse con los trabajadores de las subcontratas de la planta eléctrica, siendo consciente el Defensor «de la importancia y necesidad de una transición justa» para esta comarca, explicó el Justiazgo en un comunicado. Dolado le hizo entrega también del informe de actividad de la institución durante el 2018, así como del informe especial sobre Teruel.