La industria supone la columna vertebral de la economía aragonesa, con más del 20% del Producto Interior Bruto (PIB). El Ejecutivo de Javier Lambán teme por ello los efectos de la paralización casi total de este gran motor a medio y largo plazo, por lo que está tratando de convencer al Gobierno de Pedro Sánchez para flexibilizar la medida y abrir la mano del concepto de actividad esencial a un mayor número de fábricas. La DGA sigue así la vía abierta por Asturias y País Vasco, a los que se han concedido ciertas exenciones, en este segundo caso por la presión del PNV.

«Si el país se apaga del todo va a ser, francamente, difícil mantener vivo el tejido productivo», advirtió ayer Lambán. Por este motivo, reclamó al Gobierno de España «adaptar» la restricción de movimientos a la realidad industrial de la comunidad aragonesa, de manera que puedan abrir algunas empresas que, en condiciones normales, no tienen la consideración de servicios básicos en el actual estado de alarma.

Como ejemplo de ello, señaló a la empresa Iberfoil de Sabiñánigo, dedicada a la fabricación de aluminio, una producción que a priori no es esencial pero que es necesaria para la agroalimentación o la sanidad.

APOYO A LA GESTIÓN DE SÁNCHEZ

A pesar de esta demanda, el presidente aragonés quiso dejar claro que comparte «una por una» todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Sánchez para combatir la pandemia del covid-19 y su impacto económico, pero consideró que la paralización de la economía debe ser «la menor posible». Así se lo trasladó ya el pasado domingo en la videoconferencia que mantuvieron, cuando planteó también que hubiera «permisividad» con actividades como las de las gestorías y asesorías, que tramitan los ERTE, o que se facilitará la contratación de mano de obra para la recogida de la fruta.

En esta línea, apostó por buscar «un equilibrio virtuoso» entre la seguridad sanitaria y la actividad económica y advirtió de que «después del coronavirus vendrá un virus económico no menos difícil de combatir». «Hay que tratar por todos los medios de que no haya daños irreversibles, ni en situaciones personales ni laborales», insistió.

Aunque defendió que el Gobierno de Sánchez «ha tenido una exquisita sensibilidad» en la adopción de medidas, eso «no quiere decir que no nos tengamos que preocupar de lo que ocurre con la economía general y la industria en particular». «La prioridad absoluta», recalcó, es la seguridad sanitaria, pero «con la posibilidad de mantener vivo el tejido productivo en la mayor medida posible».

DIÁLOGO CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

Para lograr que se amplíe el perímetro de actividades esenciales, la consejera de Economía, Marta Gastón, ha abierto una vía de diálogo con la ministra de Industria, Reyes Maroto. El objetivo, reiteró, es «amplia gama de actividad industrial» que sigue funcionando, aunque no concretó qué líneas de producción deberían estar exentas de cerrar.

El jefe del Ejecutivo autonómico se mostró convencido de estas demandas no van caer en saco roto y confió en que en los próximos días se pueda habilitar una medida para que se mantenga abierto «el mayor número posible de actividades».

CAÑONES O MANTEQUILLAS

La petición de Lambán es compartida por el empresariado aragonés, especialmente por el del sector industrial, que acogió con preocupación y duras críticas el cierre total decretado por el Gobierno. Esa inquietud fue expresada también ayer por el presidente de la Cámara de Zaragoza, Manuel Teruel, que apoyó la reclamación del Ejecutivo autonómico frente a un Gobierno central que «toma medidas de carácter general» sin conocer la realidad de los centros de trabajo de la comunidad. «Sanidad y economía son dos conjuntos y la intersección no puede ser un conjunto vacío, hay que intentar con paliativos que la intersección sea la mayor posible», afirmó.

Teruel mencionó al economista Paul Samuelson y su teoría de cañones o mantequilla. «Si solo hacemos cañones, morimos de hambre, y si solo hacemos mantequilla, se nos come el enemigo, hay que saber balancear», sentenció.