El presidente de Aragón, Javier Lambán, valoró ayer la sentencia del Tribunal Supremo que anula las condenas por el caso Pagarés, ya que la «zona de sombra» por este asunto sobre la etapa de Gobierno del socialista Marcelino Iglesias «queda definitivamente despejada». El Tribunal Supremo anuló la condena de 4 años de cárcel impuesta al exgerente de la Plataforma Logística de Zaragoza Ricardo García Becerril, al exviceconsejero de Obras Públicas del Gobierno aragonés, Carlos Esco, y al empresario Agapito Iglesias por el denominado caso Pagarés.

Los tres acusados fueron condenados por la Audiencia de Zaragoza como presuntos responsables de malversar 8,7 millones de fondos públicos para el pago de sobrecostes en la construcción de 119 naves en la Plataforma Logística de la capital aragonesa, aunque tras el recurso, el Supremo consideró que no había delito y, por tanto, los absolvió. Es ya el cuarto caso relacionado con los sobrecostes en la plataforma logística de Plaza que se salda con absoluciones para los encausados.

alegría por los beneficiados / Al respecto, Lambán manifestó su respeto a todas las sentencias, aunque en este caso reconoció que se alegra por las personas a las que beneficia y sobre todo, porque una «zona de sombra que arrojaba este asunto sobre la etapa de Gobierno del socialista Marcelino Iglesias queda definitivamente despejada». Durante varios años, una corriente de sospecha se vertió sobre la acción del Ejecutivo en este caso, incluso hubo una comisión parlamentaria de investigación, sin que de momento se hayan depurado responsabilidades políticas y penales.

«Espero que eso vaya ocurriendo con el resto de las zonas de sombra que se suscitaron en lo pasados años”, subrayó el presidente de Aragón, que por aquel entonces era el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza.

También hizo su valoración el diputado del PP de Zaragoza en el Congreso, Eloy Suárez, quien afirmó que acata la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Pagarés «y punto», subrayando que acata todas las resoluciones judiciales. Su partido fue quien destapó los presuntos casos de corrupción, con diversas denuncias efectuadas por el Gobierno de Rudi, a través de la Consejería de Obras Públicas que dirigía Rafael Fernández de Alarcón y el gerente de Plaza, Jesús Andreu.

«Ese es el deber de los otros poderes del Estado», señaló el diputado Suárez en rueda de prensa, añadiendo: «Me gustan más, me gustan menos, pero en cualquier caso las acato».

Pero a pesar de acatarla, añadió que «ahí queda lo que ha sido la gestión de Plaza y cada uno la veremos de una forma, no me cabe la menor duda».

Por sui parte, el presidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz de este grupo en las Cortes autonómicas, Arturo Aliaga, manifestó que las sentencias que dictan los órganos judiciales «son para respetarlas escrupulosamente y con todas sus consecuencias», también la del Tribunal Supremo (TS) sobre este último caso. Aliaga era consejero de Industria en el Gobierno de Iglesias cuando se produjeron los hechos juzgados.