Alberto Larraz, vocal del consejo de administración de la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza entre julio de 2006 y octubre de 2011, no cree que haya hoy día una empresa, incluida la actual Plaza, con más controles y garantías en la gestión del dinero público.

Larraz así lo ha recalcado para enfatizar, ante la comisión parlamentaria que investiga las posibles responsabilidades políticas en la gestión y desarrollo de la Plataforma Logística, que durante su participación en el consejo nunca percibió ninguna anomalía, tuvo a su disposición toda la información que necesitó y los informes de legalidad nunca hicieron referencia a problemas importantes.

En este sentido, ha explicado que Plaza, además de tener un consejero delegado y un gerente, del que dependían cuatro directores de área, contaba con una asistencia técnica con puntas de trabajadores de hasta 50 empleados, y que en algún caso concreto se nombraba adicionalmente un director técnico paralelo.

Todos los documentos, ha agregado, iban a pasar a una auditora externa que hacía un informe anual.

Preguntado por si cree que en Plaza se "abusó" del procedimiento negociado para la concesión de obras, ha insistido en que todos los procedimientos se ajustaban a la norma y ha recordado que había una asesoría jurídica externa con presencia constante en el consejo de administración y, además, un jurídico contratado por la propia sociedad.

Además, Larraz ha asegurado, respecto al contrato con la empresa de Agapito Iglesias, Codesport, para construir varias naves que luego se modificó al alza, que no hubo trato de favor hacia el empresario y que nunca oyó hablar de sobrecostes o de "hinchar" obras.

También se ha referido al plus de productividad de en torno a 12.000 euros que cobró el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril (ahora imputado en cuatro causas por su gestión en la sociedad) de 2001 a 2009. "Si lo cobró, debe ser que lo mereció hasta entonces", se ha limitado a decir.

Sobre los pagarés, asunto en el que está imputado el exconsejero delegado Carlos Esco, por supuestamente firmar documentos de este tipo hasta 8,7 millones de euros sin conocimiento del consejo de administración, Larraz ha indicado que estos pagarés "no pasaban" por el consejo.