Las críticas del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de ley sobre la violencia contra las mujeres son, en opinión del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "sesgadas políticamente", según declaró ayer en Zaragoza tras la toma de posesión del nuevo fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
Conde-Pumpido, que no quiso extenderse más sobre la polémica originada por el Poder Judicial a este respecto, manifestó su convicción de que el texto que propone el Gobierno es constitucional. "La Constitución no sólo permite, sino que impone una especial protección a las personas más desfavorecidas, como mujeres, niños o ancianos, tal como aparece en el artículo 9.2 de la Carta Magna, en el que la igualdad no es un principio tan virtual y formal como en el artículo 14", explicó.
REMOVER OBSTACULOS El fiscal general añadió que los poderes públicos "tienen la obligación de remover los obstáculos que impiden alcanzar la igualdad de las personas". Para Conde-Pumpido, es obvio que las mujeres no tienen en la actualidad condiciones de igualdad, por lo que deben de ser protegidas legalmente para compensar esta situación.
Para materializar esta protección, la Fiscalía General del Estado proyecta la implantación de secciones de violencia contra la mujer en todas las comunidades, que serán coordinados desde Madrid por un fiscal especial. La creación de este figura "es muy favorable y tutelará mejor los intereses protegidos" de los ciudadanos, agregó.
El nuevo fiscal jefe del TSJA, José María Rivera, también se refirió a la violencia de género, al manifestar que los fiscales aragoneses "seguiremos recogiendo y dando respuesta inmediata a los problemas de la violencia doméstica y protegiendo a las personas que lo sufren, así como otros que se vayan planteando y surjan en su momento".
Según Rivera, de lo que se trata "es de conseguir el bien común y la defensa de los ciudadanos, y en eso vamos a trabajar".
