Algunos alcaldes del PP, como el de Calatayud, han trasladado recientemente al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, sus dudas y reticencias acerca de la unificación de laboratorios para análisis no urgentes en un macrolaboratorio que la Administración pretende llevar a cabo a lo largo del próximo año.

Es el caso, por ejemplo, del primer edil bilbilitano, José Manuel Aranda, que, en una carta enviada a Oliván a la que ha tenido acceso este diario, solicita al consejero que "el tema debería reconsiderarse y replantearse de otra manera".

Aranda apela a su condición de "ciudadano" pero también a la de "médico del hospital" y "por supuesto como alcalde", para mostrar su recelo ante el proyecto y solicita que desde el departamento contraponga "datos encima de la mesa que permitan que se conozcan las ventajas económicas y de otra índole que el macrolaboratorio tiene para el Salud".

Asimismo, el alcalde de la localidad zaragozana afirma que ya planteó sus dudas al director de Planificación, Antonio Villacampa, al que trasladó que "los beneficios del proyecto deberían explicarse a los profesionales o al menos a los responsables de los distintos centros" y considera "obligado" el diálogo "y la explicación" porque "de lo contrario, la batalla está perdida en la calle"

Por otra parte, la Sociedad Aragonesa de Microbiología Clínica también ha mostrado su desacuerdo con la centralización de laboratorios y la inclusión de Microbiología en ese proyecto.

Sanidad dice que la unificación de laboratorios solo se pondrá en marcha "una vez analizados todos los factores y esté garantizado que su puesta en marcha mantenga como mínimo la calidad del servicio que hoy se está prestando" pero defiende sus bondades en otras comunidades autónomas en las que el proyecto ya se ha iniciado, como es el caso de Navarra, y dispone de varias posiblidades ya de emplazamiento del futuro centro.

A través del macrolaboratorio, el Departamento de Sanidad pretende un ahorro que rondaría los 20 millones de euros al año, aunque el consejero, Ricardo Oliván, admitió recientemente que la centralización tendría "repercusiones laborales" lo que los sindicatos entendieron como una "considerable" reducción del personal que actualmente desarrolla su labor en los laboratorios de los hospitales aragoneses.