-¿Qué impacto está teniendo la crisis del coronavirus en la petición de ayudas sociales?

-En Cáritas Aragón estimamos que se han triplicado las solicitudes que recibimos. Solo en Zaragoza estamos atendiendo a unas 900 familias a la semana. El problema es que mucha gente arrastra una situación de precariedad desde la crisis del 2008. Hay personas sin empleo o con salarios muy bajos y ahora este parón les ha impedido llegar a fin de mes. En las grandes ciudades como Zaragoza se nota mucho más esas necesidades de alimentación.

-¿Hay personas que nunca habían tenido que pedir este tipo de ayudas?

-Sí, pero ocurrió también en la anterior crisis financiera. Trabajadores de sectores muy castigados tuvieron que venir por primera vez. Ahora la historia se repite. Hay familias en las que los dos progenitores se han quedado sin trabajo o que han sufrido los retrasos de los ERTE. Uno de los colectivos más perjudicados es el de las empleadas del hogar. Todos ellos nos piden sobre todo ayudas económicas y uno de los capítulos más importantes es el de la vivienda. De hecho, las ayudas al aquiler se llevan el 40% de las ayudas que damos nosotros.

-¿La desigualdad ha crecido en los últimos años en Aragón?

-Desde Cáritas así lo percibimos. La brechas han ido creciendo. El problema es que lo que se ha producido es una pérdida de capacidad económica incluso de la gente que está trabajando. Los llamados empleados pobres son una realidad que no para de crecer. Y en general el poder adquisitivo de la gente con más formación también ha bajado, lo que hace que haya hogares rozando el riesgo de exclusión que antes no existían.

-¿Qué es lo más urgente que deben hacer las administraciones públicas?

-El problema de esta crisis es que ha llegado de golpe. La anterior fue más progresiva. Por eso era muy necesaria la renta mínima que se se ha aprobado. Nos congratulamos de ello, pero sobre todo pedimos una mayor agilidad en la administración. Hay que ser consciente de que estamos ante casos graves que exigen una respuesta rápida. Las ayudas se deben conceder con celeridad. Y en materia de vivienda, por ejemplo, debería haber una mayor coordinación de los servicios sociales públicos con los departamentos de vivienda de la DGA y los ayuntamientos porque agilizaría mucho las gestiones. Las entidades sociales como Cáritas siempre estaremos ahí para hacer todo lo posible pero los Gobiernos y los partidos deben ser conscientes de que en un Estado Social la administración pública es responsable de los ciudadanos pobres.

-¿Qué aprendizaje debería dejar esta crisis entre los gobernantes?

-Con que se mantuvieran algunas de las cosas que se han hecho ya estaría bien. Durante los días del confinamiento vimos que en muchas ciudades se crearon albergues improvisados para las personas que viven en la calle. Pero se acabó el confinamiento y muchas de esas instalaciones se desmontaron. Si esta crisis hubiera servido para que nadie que no quisiera vivir en la calle tuviera un techo ya se habría logrado algo. El problema es que nuestra memoria es frágil y cuando pasan los momentos más duros surgen otras muchas necesidades.