La Audiencia de Zaragoza celebró ayer la tercera sesión de la vista oral contra los nueve acusados del caso La Muela a los que el Supremo ha vuelto a sentar en el banquillo para repetir el juicio contra ellos. La forma de vida de la exalcaldesa Mariví Pinilla volvió a centrar la jornada.
Si el pasado lunes la exregidora muelana insistió en que el dinero lo gestionaba su exmarido, Juan Antonio Embarba (condenado en la causa) y que «nunca» había pagado en dinero B, ayer el que gestionara de forma externa la Sociedad Urbanística de La Muela, Julián de Miguel, reconoció que le había entregado varios millones de euros «a la señora Pinilla» y lo justificó, alegando que «estaba muy interesado en La Muela».
No obstante, quiso incidir en que «fueron pagos voluntarios» y no peajes que la exalcaldesa le obligara a abonar si quería mantenerse en el negocio urbanístico en los terrenos de la localidad zaragozana. Añadió que también lo hizo «con la condición de que no interviniera ni con las contratas ni con las constructoras». De hecho, llegó a calificarla como «un torbellino» en lo que respecta a su iniciativa de construir el auditorio, el centro médico o el Biopark. De todo ello quiso quitar cualquier tipo de responsabilidad a sus hijos, Julio y David, quienes, según él, no se enteraban de nada de esto.
CONTESTACIÓN
Una declaración a la que Pinilla, a preguntas de su abogado Santiago Palazón, trató de dar otra visión y explicó que los millones que le imputan y que podrían constituir un delito de cohecho y otro fiscal responden «a la venta de dos terrenos». «Era la época del boom inmobiliario y los nativos de La Muela pasaron a ser millonarios», aseguró.
No fue el único asunto que tuvo que explicar Julián de Miguel como gestor de Aranade, ya que explicó que en ningún momento perjudicó al municipio con las operaciones de venta de terrenos. «Yo era el gestor de una empresa contratada por el consejo de administración de la sociedad urbanística municipal y acataba sus decisiones», afirmó, mientras insistía que en ningún momento hizo un concierto para defraudar al Ayuntamiento de La Muela en una operación inmobiliaria realizada por la promotora Sagaín, cuyo dueño, Juan Ignacio Aspiroz, fue socio de Agapito Iglesias. Explicó que él no fue el que llevó a Sagaín a comprar unos terrenos y mucho menos fijó el precio, destacando que se enteró de quién era el que había adquirido las parcelas «cuando me dijo algún empleado -tenía 75 en plantilla en 40 sociedades- que había habido un problema en un pago». El empresario que estaba al frente de Sagaín, Juan Ignacio Unsain, mantuvo la misma línea y señaló que entró en el negocio que había en La Muela de la mano de uno de sus agentes contratados, el también procesado José Francisco Aramburu. Rechazó el haber recibido algún trato de favor en lo relativo a la compra de terrenos a un precio menor de lo que él, posteriormente, vendió a terceros. «La Muela hizo también negocio conmigo porque me vendió por más dinero de lo que valía» y apuntó a que el sector inmobiliario en aquel momento era muy cambiante. Añadió que también tuvo que asumir costes, puesto que con la crisis inmobiliaria una promotora no pudo llevar a cabo un proyecto y se quedó sin los pisos que le iban a entregar como complemento al dinero en efectivo que les pagó.
Otro de los acusados que declaró fue Alberto Lozano, director de la sucursal de la extinta Cajalón en La Muela durante los años 1991 y 2009. Aseguró que cumplió la normativa para la prevención del blanqueo de capitales y que en veinte años solo vio dos veces a Pinilla en la sucursal. Hoy continúa el juicio.
