El Gobierno de Zaragoza está estudiando cómo solucionar el conflicto que, desde hace años, se reproduce en el rastro de la ciudad todos los miércoles y domingos y que se ha visto agravado en los últimos meses: la venta ilegal. Entre las opciones que se barajan, se encuentra el cobro de una tasa de «30 céntimos al día» a los actuales vendedores sin licencia para legalizar su situación.

«Han creado cierta alarma social. Por un puesto en el rastro legal se pagan 60 euros y proponen que alguien no identificado pague 30 céntimos diarios», señaló el concejal del PSOE Roberto Fernández, que aseguró que los productos de estos vendedores no tienen «garantías». Desde el PP, José Ignacio Senao advirtió a Broto de que «los problemas no se pueden resolver creando otros», algo que, a su juicio, se originará si finalmente esta es la medida del Gobierno de ZeC. «Los comerciantes legales están pagando sus impuestos y quieren mermar su medio de vida a través de una legalización extraña», lamentó. Desde C’s. Alberto Casañal, exigió los informes sobre las medidas que están trabajando. «Que no exista sería una temeridad», apuntó.

Broto admitió que se trata de «un problema complejo con soluciones complejas», pero no imposibles. Informó de que se están estudiando todas las posibilidades que permitan satisfacer a los dos partes, a sabiendas de que se trata de un asunto de ciudad que lleva muchos años coleando.