El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, firmó ayer los decretos por los que se disuelven las Cortes de Aragón -oficialmente hoy, con su publicación en el BOA- y se convocan las elecciones autonómicas y municipales para el próximo 26 de mayo.
Se cierra así una legislatura, la IX, que será recordada como la más variada en cuanto a grupos representados en el Parlamento autonómico, 7, y en la que se han aprobado 85 textos legislativos entre leyes (51), decretos leyes (20) y decretos legislativos (4). Una cifra superior a la legislatura anterior (con 57, 42 de ellos leyes y 9 decretos leyes). El registro es similar a otras anteriores en cuanto a productividad legislativa, aunque con Gobiernos más fuertes, proporcionalmente, que la coalición PSOE-CHA.
En el lado negativo, la norma en la que todos los partidos coinciden como lunar de la legislatura, independientemente de quién sea el culpable, es la de renta básica, que no fue aprobada,
Al respecto el portavoz del grupo socialista en las Cortes, Javier Sada, recordaba que no salió adelante pese a que se habían aprobado «el 80% de las enmiendas que se presentaron contra ella». Entre las leyes más destacables de estos cuatro años, de las que destacaba su carácter «social» y el «consenso» alcanzado en la mayoría de ellas, situaba las de discapacidad, recientemente aprobada, la de igualdad entre hombres y mujeres o la de ciencia, entre otras, amén del decreto que desbloqueó múltiples proyectos
SOCIALES
Gregorio Briz, como portavoz de CHA, valoraba las «múltiples» leyes de carácter social que han podido salir adelante con el acuerdo de los grupos parlamentarios, añadiendo al listado algunas como la de derechos históricos o la de memoria democrática. Aunque también fue «autocrítico» con las normas que no se han podido llegar a aprobar, no solo la renta básica sino las leyes de vivienda o financiación local (el PICA), la de Presupuestos de este año o la reforma del Impuesto de Contaminación de Aguas (ICA).
En el resto de grupos, las valoraciones viraban más hacia lo que ha quedado por hacer. Podemos, durante su balance de legislatura del pasado viernes, valoraban su propia participación e impulso en leyes como la de pobreza energética, emergencia social o ley de infancia, pero lamentaban que no hubiese salido adelante su propuesta de ley de cambio climático o las iniciativas para dar más poder a la Cámara de Cuentas. También la Renta Básica o la reforma del ICA, respecto a cuyo fracaso se culpan mutuamente con el PSOE.
Para el PP, según su portavoz, Mar Vaquero, si algo caracteriza a esta legislatura es el hecho de haber sido «la que más leyes ha dejado pendientes», y entre las que se han aprobado, la falta de «calidad» de algunas de ellas ha hecho que estén recurridas, como la de derechos históricos, que no solo lo fue por el PP sino por el Gobierno de Pedro Sánchez, o la de capitalidad. Para los populares, la ley de financiación local, la del campo o la de apoyo a la maternidad y conciliación hubiesen sido normas fundamentales, junto a la de ordenación competencial.
Arturo Aliaga, presidente del PAR, fue especialmente duro con el «rodillo» aplicado por el PSOE y Podemos en algunas leyes como la de memoria democrática o la de capitalidad, en las que no dejaron intervenir al resto de fuerzas en la tramitación. A su juicio, aparte de la derogación de la custodia compartida preferente (que volverán a implementar si tienen representación para ello), destacan como carencias la ley de presupuestos de este año, las de vivienda y financiación municipal y la iniciativa del PAR de la reforma del usufructo viudal, que no fue tenida en cuenta.
La escasa reforma de la «arquitectura institucional», es una de las principales críticas de Ciudadanos. Para Susana Gaspar, portavoz de la formación naranja, al Ejecutivo le ha faltado «valentía» para reformarla, y las normas que sí han sacado adelante, como la de creación de la comarca central y la de capitalidad, tienen tantas lagunas que la segunda está recurrida al Constitucional. Ciudadanos también echa en falta un verdadero pacto por la educación -se firmó a última hora una «declaración de intenciones»- o la dotación de fondos para buenas iniciativas como la directriz contra la despoblación.
A Patricia Luquin, de Izquierda, Unida, le han faltado algunas leyes «básicas» en materia social como la de renta básica, de economía social o de vivienda. Como en el último pleno del viernes, también recordó la necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía, tanto por los escaños por provincia como por los aforamientos, que no se han llegado a eliminar.
