La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza ve muy difícil que prospere el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declara nulo el plan especial para la construcción del outlet de Pikolín. Con esta advertencia, el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) propondrá a la oposición que no se interponga.

Aunque el informe de los abogados municipales no es concluyente, sí deja claro que la inmensa mayoría de recursos de casación no se admiten.

Los jurídicos avisan de lo difícil que es hacer prosperar el interés casacional en el recurso. Destaca que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), desde el 22 de julio del 2016 (cuando comenzó la nueva regulación del recurso de casación) hasta el 31 de mayo del 2017 solo un 20% de los 2.976 recursos de casación recibidos han prosperado y, de estos, la mayoritaria fueron desestimados.

Aunque considera que no tendrá recorrido, asegura que el órgano competente para decidir si se recurre la sentencia es el pleno, donde se aprobó el plan especial de Pikolín. La decisión «depende en su más íntima esencia del modelo y la concepción que dispongan los representantes de la ciudadanía», explica. Añade que puede «ponderarse, valorarse y sustentarte en derecho» pero que se trata de un tema en el que se debate «la construcción de la ciudad» y que, más allá de las cuestiones jurídicas y de los intereses privados es una decisión que tiene que tomarse en el salón de plenos.

El concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, dará cuenta tanto de la sentencia del TSJA como del informe jurídico en la comisión de su área del miércoles, donde tratará de convencer a PP, PSOE y Cs de que desistan y descartan ecurrir. El alcalde, Pedro Santisteve, ya ha manifestado en más de una ocasión que su Gobierno no era partidario de presentar el recurso, ya que este centro comercial choca con su modelo comercial.

SUSPENSIÓN DE LICENCIA

Ese mismo día, pero en la gerencia, Muñoz también propondrá la suspensión cautelar de cuatro licencias ambientales de actividad clasificada y urbanística pendientes de aprobación para la adecuación de tres locales en los que se quieren montar ocho salas de cine. Se hará lo mismo con otras dos peticiones para uso «comercial genérico» y con la tramitación de una licencia para acondicionamiento de un local comercial en el que se quiere abrir un restaurante, según el informe de la Dirección de Servicios de Intervención Urbanística y Disciplina. De esta manera se quiere evitar que se cree un Utrillas 2, en relación al centro comercial de San José, y se pretende «salvaguardar la efectividad de la resolución del procedimiento» y «asegurar su eficacia», detalla el informe.

Según el documento, «la declaración de nulidad del plan especial imposibilita la implantación de los usos» solicitados porque su su autorización no es independiente del plan especial anulado y, en consecuencia, en caso de otorgarse también podrían sufrir la misma suerte. Para Urbanismo este es un «motivo» de peso para suspender su tramitación hasta que no sea solventada la situación jurídica porque solo así se evitarán «posibles perjuicios» tanto para los solicitantes como para el propio ayuntamiento.