El informe elaborado por los letrados de las Cortes sobre la tramitación de enmiendas al presupuesto de 2018 que supongan minoración de ingresos concluye que el que elaboró el Gobierno de Aragón en el que se mostraba disconforme a aceptar estos cambios es vinculante y, por tanto, de obligado cumplimiento.

El pleno del Parlamento aprobó el 27 de diciembre el techo de gasto no financiero y el 15 de enero se produjo el debate a la totalidad de las cuentas para 2018, que resultaron aprobadas y, de esa manera, fijadas las cantidades globales del presupuesto, que ya no se pueden modificar excepto si se cambia el destino de las partidas dentro de una misma sección.

La Mesa de la Comisión de Hacienda calificó el 8 de febrero las más de 1.200 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, pero observó que ocho de ellas podrían suponer minoración de ingresos, y se acordó, por unanimidad, remitirlas al Gobierno de Aragón para recabar su conformidad o disconformidad en relación con la tramitación de estas propuestas de modificación, en cumplimiento del Reglamento de las Cortes.

El 12 de febrero entró en el registro de las Cortes el escrito de respuesta del consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, en el que se manifestaba la disconformidad con la tramitación debido a que, de aceptarse, habría que modificar a la baja el techo de gasto aprobado, que se debe establecer con carácter previo a la aprobación del presupuesto en cumplimiento de las leyes de estabilidad presupuestaria y del artículo 135 de la Constitución.

La ponencia que estudia las enmiendas presentadas al proyecto de presupuestos solicitó un nuevo informe a los letrados de las Cortes, que hoy se ha entregado a sus miembros y que concluye que las ocho enmiendas (tres del PAR, dos de Podemos y una, respectivamente, del PP, IU y Ciudadanos) deberían apartarse de la tramitación, de acuerdo con el criterio del Gobierno.

El informe precisa que la ponencia no puede decidir otra cosa, y que si se aceptase tramitar las enmiendas se abriría la posibilidad a que, por el juego de las mayorías, estas se aprobaran teniendo el efecto de una enmienda a la totalidad, algo que es "inadmisible" en este momento procesal, cuando ya han quedado fijados los estados de ingresos y gastos.

Las enmiendas cuestionadas son una del PP y otra del PAR que proponen suprimir el incremento del 1,4 % de las tasas que prevé el proyecto de ley; cinco (una de IU, dos de Podemos, una del PAR y otra de Ciudadanos) sobre el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA), que plantean la supresión de las tarifas, un incremento de sus bonificaciones o, directamente, la suspensión de su vigencia en 2018, y una del PAR que pide un cambio en la liquidación del impuesto de sucesiones por las fiducias.