«Afortunadamente, hay una ley que garantiza los derechos subjetivos y una población que los solicita, y eso es muy importante. La sociedad lo tiene cada vez más claro», afirma la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, Mariví Broto, sobre la norma autonómica que regula los servicios sociales en la comunidad y que este año cumple una década. Ahora charla con Ana Fernández, su homóloga cuando el texto legal se gestó y vio la luz, en el 2009. Entonces, dice, la intención era hacer una ley «que recogiera derechos subjetivos de la ciudadanía y consolidar el sistema público para que todos los ciudadanos tengan acceso a las prestaciones».
El proyecto y la práctica, según observan ambas, confluyen diez años después de implantar una normativa pionera que asentó estas prestaciones como derechos subjetivos en la comunidad.
El ejercicio de memoria de ambas -puesto que Broto también estuvo en aquel gobierno aunque, primero, en el Departamento de Ciencia, y luego, en el de Educación- pasa por recordar «un proceso largo» que concibió «una ley muy importante», según la actual consejera, que buscaba responder a dos retos: poner en marcha la entonces reciente norma estatal de la Dependencia y hacer una autonómica de Servicios Sociales «que recogiera todas las cuestiones novedosas», matiza Fernández.
El escenario en esos momentos no era sencillo. Además de la ley nacional a la que se refiere Fernández, Aragón tenía Estatuto de Autonomía desde el 2007 que le otorgaba nuevas competencias y la norma de la comunidad que regulaba las prestaciones sociales databa de 1987. Como ambas coinciden, la sociedad había cambiado en esos 20 años y resultaba necesario actualizar el corpus legal a los nuevos tiempos.
Una situación social «totalmente diferente», subraya la antigua consejera, con asuntos que emergían con fuerza como los relacionados con la mujer, los menores con dificultades o una población «mucho más envejecida».
El reto de concebir la norma, informa la antigua consejera, les llevó «dos años de legislatura» en el que llevaron a cabo un proceso participativo «muy novedoso» para la época que contó con la asistencia del recién creado departamento de Participación Ciudadana. En total, 200 entidades sociales fueron parte de la gestación de la ley, que recogió, recuerda Fernández, el 70% de las alegaciones totalmente y el 15% de manera parcial. «Había un consenso importante», remacha.
No obstante, su recorrido se encontró con los efectos de la crisis, un obstáculo que, añade Broto, coincidió con la llegada al poder del PP en el 2011. «En esos 4 años -de legislatura popular- hay un desmantelamiento del Estado del bienestar en general; de la educación, de la sanidad, que afecta especialmente a los servicios sociales, entre otras cosas porque la ley solo tenía dos años de desarrollo», asegura.
En la misma línea se manifiesta Fernández, que añade a las palabras de la actual consejera que la norma aragonesa «fue pionera y muy ambiciosa pero necesitaba un desarrollo» que no se llevó a cabo en el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi.
Tras ello, y sobre su llegada al Ejecutivo en el 2015, Broto rememora que no tuvieron que empezar de cero en esta materia, sino que se encontraron con «la suerte» de contar con esta ley: «El marco jurídico era el adecuado», añade. Ahora, pasados los años, relata que esta norma «ha ayudado a crear esa sensación de que los servicios sociales mejoran la vida de los ciudadanos y que son importantes».
Pero no solo eso, sino que Broto asevera que, con esta ley, «se ha demostrado que eso de que los servicios sociales son un gasto no es cierto; son una inversión social en la mejora de la vida de los ciudadanos y en la creación de los puestos de trabajo». Al respecto, presume de haber pasado de 5.000 a 17.000 trabajadores y, además, de haber generado 2.000, cubiertos por mujeres en su mayoría, solo en Dependencia en estos últimos cuatro años.
También destacan el papel de la norma a la hora de cambiar la concepción de estos servicios. «Antes, siempre ha habido una concepción vinculada a la exclusión, a la caridad, a la vulnerabilidad... y lo que se está haciendo es que se considere más una ley de derechos» acerca de una serie de circunstancias que «afectan a casi todas las personas». En ese sentido, Broto precisa que cada día asisten a 90.000 usuarios. Contundente, Fernández añade: «Las personas dependientes son vulnerables porque son dependientes, pero eso es independiente, valga la redundancia, de su situación familiar, económica o social».
Todo, en un escenario que cambió en algunos aspectos con la crisis. Por sus efectos acudieron a los centros de servicios sociales «personas que nunca lo habían hecho ni imaginado», incluidas algunas con trabajo, pero tan precario que necesitan estas ayudas, detalla la consejera actual. En este nuevo campo -advierten que la ley responde bien a esas necesidades- repasan los retos a los que ahora debe hacer frente. La inmigración, un envejecimiento más activo, distinto al de anteriores generaciones, o el maltrato a la mujer son algunos de ellos.
