La nueva ley de bibliotecas de Aragón seguirá su tramitación parlamentaria tras el rechazo del pleno de las Cortes, con los votos del PP y el PAR, de las enmiendas a la totalidad pidiendo su devolución presentadas por CHA e IU, que ha apoyado el PSOE.

En defensa del texto, la consejera de Educación, Dolores Serrat, ha subrayado que la ley obedece a una demanda del sector y de la sociedad fundamentada en la necesidad de adaptar la ley en vigor, de 1986, a la propia evolución de las bibliotecas y las innovaciones tecnológicas.

Tras indicar que el proyecto cuenta con consenso de los implicados, ha precisado que persigue la adaptación a la realidad territorial de Aragón, en referencia a las comarcas, la actualización del sistema de bibliotecas y la incorporación de las nuevas posibilidades técnicas, la creación de la red de bibliotecas y el establecimiento de un régimen sancionador.

Establece el conjunto de instituciones, centros, órganos y servicios bibliotecarios que, bajo la dirección del Departamento competente en materia de Bibliotecas, existen en Aragón, y define a la Biblioteca de Aragón como primer centro bibliográfico de la Comunidad Aragón y cabecera del Sistema de Bibliotecas.

Marca la creación de un mapa de bibliotecas y la Red de Bibliotecas Públicas de Aragón, exponiendo los servicios bibliotecarios que ofrecen los centros integrados en la misma.

Como novedad, incluye un título dedicado al régimen sancionador, regulando las infracciones y sanciones administrativas que, sin perjuicio de lo establecido con carácter general, son propias de los centros bibliotecarios.

Aunque CHA e IU han admitido la necesidad de una nueva ley porque la actual está obsoleta, han pedido la devolución del texto, entre otras cuestiones, porque carece de memoria económica y porque al Gobierno se le "ha olvidado" incluir el título dedicado a los medios y recursos humanos para la gestión de las bibliotecas que sí recoge el texto en vigor, según han indicado, respectivamente, Gregorio Briz y Adolfo Barrena.

Briz ha insistido en que el texto presentado por el Gobierno supone "legislar gratis", porque carece de planificación y estimación de necesidades, y también de una mínima referencia a la cualificación del personal o a la formación permanente cuando las bibliotecas "no las puede gestionar cualquiera".

Barrena ha opinado que la ley supone una continuidad de la actual, que no cree en el papel de las bibliotecas como dinamizadoras culturales ni moderniza la gestión, e incluye como únicas novedades la incorporación del régimen sancionador y la supresión del título dedicado a los medios y recursos humanos para la gestión de estos centros, con lo que ha avanzado que si depende de IU, durará poco la próxima legislatura.

Por su parte, Ana Cristina Vera, del PSOE, ha estimado que la ley no aporta nada y deja parte del contenido a un reglamento posterior, que abre la puerta a la privatización y que no existe una partida presupuestaria para ponerla en marcha, además de que el Gobierno la presenta "in extremis" para incrementar el número de leyes aprobadas para justificar su mandato.