El Gobierno de Aragón prevé presentar en las Cortes la Ley de la Ciencia para su tramitación en un plazo de tres o cuatro meses una vez concluidos los informes preceptivos y el proceso participativo, según avanzó ayer la consejera de Innovación, Investigación y Universidad, Pilar Alegría. Lo hizo en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, que tomó conocimiento del anteproyecto de la ley que actualiza la del año 2003 y cumple con el compromiso del Ejecutivo autonómico en el Pacto por la Ciencia firmado el pasado de 21 de diciembre con los agentes del sector.

Este acuerdo busca aumentar la inversión en I+D+i hasta alcanzar el 1,3 % del PIB de la media española para alcanzar después la media europea.

Junto con una planificación estratégica de la investigación, la financiación estable es el objetivo más importante que recoge la ley, y una de las medidas previstas en ese aspecto es la constitución del Fondo Aragonés de I+D+i que estará integrado por la cuantía total destinada en este campo que se fije en las correspondientes leyes de presupuestos de Aragón para cada ejercicio.

MECENAZGO

Además, se promueve la figura del mecenazgo y la incorporación de otros mecanismos y prácticas habituales del sector financiero, como el capital-riesgo social, la inversión de impacto, el crowdfunding o la inversión en empresa social.

También recoge la categorización de la regulación del marco europeo en investigación (R1, R2, R3 y R4) y pretende dotar de estabilidad a las convocatorias para investigadores, explicó Alegría.

Así, el texto establece el marco legal de referencia para la regulación, el fomento y la coordinación de la investigación, el desarrollo, la transferencia de conocimientos y la innovación.

Entre otros objetivos, se remarca la difusión del patrimonio científico, tecnológico y cultural de Aragón, y sobre todo, la creación de un entorno económico, social, cultural e institucional atractivo, promoviendo su reconocimiento social e impulsando la participación de la sociedad civil en el sistema de I+D+i, facilitando su acceso al conocimiento como bien público colectivo.

Asimismo, se continúa con el trabajo del Consejo Asesor de I+D, el CONAID, y se crea el Consejo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Aragón que asesorará al Gobierno en el establecimiento de sus políticas científicas y tecnológicas.