El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya, ha anunciado hoy que el anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema del Salud en la Comunidad "está pendiente del último repaso", por lo que está previsto que después de verano esta norma "que recopila toda la normativa que había sobre derechos, garantías o plazos se envíe a las Cortes para su estudio y tramitación".

El consejero ha presidido hoy el Consejo de Salud de Aragón en el que se han debatido diversas propuestas y alegaciones sobre este anteproyecto de ley que, según ha destacado, se presentará en esta legislatura tal y como se comprometió el Gobierno de Aragón.

Una de las cuestiones que ocupa el centro del debate son las cifras sobre la lista de espera en Aragón. El año 2017 se cerró con un total de 1.701 pacientes, lo que supone haber reducido un 53 por ciento el número de pacientes con demoras de más de 180 días en dos años y un 77 por ciento con respecto a las cifras de cierre de 2014, han señalado fuentes del Gobierno de Aragón.

En este sentido, Celaya ha subrayado que la lista de espera en Aragón "está bajando" gracias al anillo radiológico o las consultas virtuales, entre otras mejoras, lo que indica que se está yendo por el "buen camino".

Asimismo, ha apuntado también que con este anteproyecto se intenta "dar más transparencia" al proceso de publicación de los datos sobre estas demoras en el sistema sanitario aragonés.

Por su parte, el director general de Derechos y Garantías de Usuarios, Pablo Martínez, ha marcado como objetivo de esta norma el de "establecer una serie de pautas sobre lo que son los derechos de los usuarios para hacer práctico el derecho a la autonomía de paciente o sobre la toma de decisiones informadas y compartidas con el personal sanitario".

Además, este anteproyecto presta especial atención a colectivos vulnerables como las personas que viven solas o las que han sido víctimas de abusos o violencia de género con el fin de facilitarles la comunicación con el sistema, ha explicado Martínez.

Del mismo modo, esta ley "no busca sancionar ni reprimir, pero sí tener una serie de garantías como mecanismos correctores en caso de que se diera una infracción". En este punto, se contemplan tanto las infracciones por parte del personal sanitario como de los pacientes.

Según ha destacado Martínez, "las sanciones más graves están relacionadas con la protección de datos de carácter personal por los derechos de confidencialidad y de intimidad del paciente". No obstante, también habrá otras referidas al mal uso de las instalaciones públicas sanitarias, así como otras garantías encaminadas a proteger la dignidad de los profesionales sanitarios en el caso de que hubiera una agresión o exceso.

El anteproyecto de Ley de Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema del Salud de Aragón ha contado con "un gran proceso participativo" en las tres capitales de provincia, según ha considerado Martínez, que ha desembocado en un total de 755 aportaciones.