El decreto que regula la celebración de espectáculos públicos en Aragón no se adaptará a las características de las localidades más pequeñas de Aragón. El consejero de Política Territorial e Interior de la DGA, Antonio Suárez, descartó ayer esta posibilidad en la primera jornada de reflexión sobre la aplicación de la norma. "El decreto es flexible", justificó.

Varios alcaldes han manifestado que la ley les está generando más de un "quebradero de cabeza", como apuntó el regidor de Fraga, Santiago Escándil, porque, como dijo el alcalde de Utrillas, Francisco Villar, "su aplicación es más difícil en los pueblos más pequeños" donde a una carpa de fiestas pueden ir un máximo de 500 personas.

Para el consejero, "la seguridad de las personas está por encima de todo". Así que no hay excepción que valga para adaptarla según las características de cada municipio. Es más, aseguró que el decreto es "lo suficientemente flexible como para diferenciar todo tipo de situaciones". "La norma se aplica a todo el mundo", sentenció.

La celebración de esta jornada, a la que acudieron un centenar de representantes municipales, coincide con la campaña de Navidad y la fiesta de Nochevieja. La mayoría de las localidades aragonesas organizan cenas y cotillones. Suelen ser las llamadas comisiones de fiestas --agrupación voluntaria de vecinos del municipio que, además, suele ser rotativa-- las que se encargan de preparar el evento.

PREVISIÓN

Suárez explicó que el principal problema con el que se han topado hasta ahora en la aplicación de la norma ha sido la falta de previsión en la organización de este tipo de actos y de su papeleo. "La solicitud de las autorizaciones debe hacerse con el tiempo suficiente para que los organizadores reúnan los papeles necesarios y que los ayuntamientos puedan examinarlos y aprobar las peticiones", señaló.

Este fue uno de los temas principales que se trató ayer. El objetivo último es lograr que la aplicación del decreto sea lo "más correcta" tanto por los organizadores como por la Administración pública ya que, a fin de cuentas, es quien da luz verde a la celebración de cualquier acto.

Desde que se aprobó en febrero la polémica ha estado sobre la mesa. La Federación Interpeñas de Zaragoza tuvo su rifirrafe particular con el Ejecutivo durante las fiestas del Pilar por la obligatoriedad de tener que dividir las instalaciones en Valdespartera con el fin de no mezclar a los menores de edad con los adultos y evitar así el consumo de alcohol. El Párking Norte dividió las carpas e Interpeñas exigió la entrada de los menores con un tutor.