El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga, aseguró ayer que no tiene intención de llevar a la Cámara la Ley de Función Pública hasta que no haya un acuerdo en la mesa de negociación con los sindicatos, que espera que se dé antes del fin de la legislatura.En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes, el director general justificó el retraso en la tramitación de la ley en la dificultad del contexto, en el que han tratado de encajar las obligaciones de estabilidad presupuestaria con las demandas asumidas por el Gobierno «de la mejor manera posible».

En este sentido, lamentó que las organizaciones sindicales hayan adoptado como estrategia de negociación condicionar el acuerdo al pago de la parte que resta de la paga extra suprimida en el 2012 o a asuntos relacionados con el Instituto Aragonés del Agua cuando el interés de ambas partes es la de avanzar en esta línea y alcanzar un consenso que es fundamental al tratarse de las condiciones laborales de los funcionarios para los próximos 30, 40 ó 50 años».

Del mismo modo, explicó que el Gobierno tenía un calendario previsto a inicios de legislatura que ha sido condicionado notablemente por modificaciones legislativas aprobadas en Madrid. Además, desde que el Consejo de Gobierno tomó en consideración el anteproyecto de ley el 22 de marzo del 2016 se pidieron informes a varias entidades, se sometió a información pública y se recibieron aportaciones valoradas por los técnicos del departamento. El texto recogerá la creación de un tribunal para la función pública, pero para dirimir posibles controversias y no para dirigir los procesos selectivos como piden algunos grupos.