El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga, ha asegurado hoy que no tiene intención de llevar a la Cámara la Ley de Función Pública hasta que no haya un acuerdo en la mesa de negociación con los sindicatos, que espera que se dé antes del fin de la legislatura.

En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes, el director general ha justificado el retraso en la tramitación de la ley en la dificultad del contexto, en el que han tratado de encajar las obligaciones de estabilidad presupuestaria con las demandas asumidas por el Gobierno "de la mejor manera posible".

En este sentido, ha lamentado que las organizaciones sindicales hayan adoptado como estrategia de negociación condicionar el acuerdo al pago de la parte que resta de la paga extra suprimida en 2012 o a asuntos relacionados con el Instituto Aragonés del Agua cuando el interés de ambas partes es la de avanzar en esta línea y alcanzar un consenso que es fundamental al tratarse de las condiciones laborales de los funcionarios para los próximos "30, 40 ó 50 años".

Del mismo modo, ha explicado que el Gobierno tenía un calendario previsto a inicios de legislatura que ha sido condicionado de manera importante por modificaciones legislativas aprobadas en Madrid.

Además, desde que el Consejo de Gobierno tomara en consideración el anteproyecto de ley el 22 de marzo de 2016 se pidieron informes a varias entidades, se sometió a información pública y se recibieron aportaciones que fueron valoradas por los técnicos del departamento.

Zarazaga ha indicado también que en 2017 se han celebrado dos mesas de negociación, a las que se sumará una tercera el próximo 11 de octubre, así como varias mesas técnicas.

Ha señalado que el texto recogerá la creación de un tribunal para la función pública, pero para dirimir posibles controversias y no para dirigir los procesos selectivos como piden algunos grupos parlamentarios.

Por parte de los grupos proponentes, la diputada Amparo Bella (Podemos) ha criticado que tanto para el Gobierno de Rudi como para el de Lambán los funcionarios y la dignificación de su trabajo "pueden esperar", por lo que "quizás" se debería replantear su cargo.

Ha recordado que el presidente Lambán anunció esta ley como algo prioritario y que está en los acuerdos de investidura con Podemos, por lo que no hay justificación para este retraso y ha instado a negociar con los sindicatos porque "tienen el deber".

La otra parlamentaria proponente, Elena Allué, del PAR, ha expresado su preocupación por que el Gobierno autonómico esté incumpliendo "sistemáticamente" los plazos a los que se compromete, como ocurre con el pago de la extra.

Ha considerado que este asunto lleva "enquistado" demasiado tiempo y que los 75.000 empleados públicos de la Comunidad no pueden estar a expensas de que "se cumpla o se deje de cumplir lo que se firma" y ha confiado en que el próximo 11 de octubre se desatasque la negociación "por el bien de todos".

En el turno del resto de grupos, la popular Yolanda Vallés ha pedido concreción en el contenido y en las fechas y ha criticado las dificultades de acceso a los puestos de la Administración.

Desde el PSOE, Alfredo Sancho ha rechazado que haya habido "inactividad" y ha puesto en valor "los trece momentos de mesas de negociación y técnicas, desde el 22 de marzo de 2016, en las que ha ido avanzado".

Javier Martínez (Ciudadanos) ha abogado por que la nueva norma se adapte a los tiempos que corren, que agilice los procesos y que se acabe con la "burocracia estúpida".

En representación del Grupo Mixto, el diputado de CHA Gregorio Briz ha tachado de "paradójico" que el PAR se erija ahora en "adalid" de la transparencia en materia de función pública y altos cargos y ha justificado el retraso por las "estrategias" de los sindicatos.