Las relaciones de las entidades memorialistas con las administraciones públicas siempre han sido «tormentosas». Al menos así lo reconoce el presidente la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), Enrique Gómez, al analizar los incumplimientos de las promesas y los compromisos que el Gobierno de Aragón o los principales ayuntamientos de la comunidad han establecido estos últimos años. El principal de ellos tiene que ver con la ley de memoria democrática. «La norma, aprobada hace dos años, sigue sin desarrollar siquiera los órganos de control de los que deberían formar parte las asociaciones», advierte el responsable. Una queja que además también tiene que ver con los simbólico, pues se sienten ninguneadas en muchas de las decisiones que se toman. «Ni sabemos en qué punto están las actuaciones al respecto», alegan.
En este último año desde el último día aragonés de la memoria celebrado en Calatayud no se ha avanzado lo suficiente, según denuncian. «Las instituciones deberían entender que abordar verdaderas políticas de memoria histórica es algo fundamental para asentar una convivencia perdurable en nuestra democracia», advierten citando casos concretos que consideran «incompresibles».
Callejero olvidado
En primer lugar recuerdan que los locales que les prometieron para poder desarrollar sus actividades (y que son fundamentales para conservar y analizar los restos de las exhumaciones) «siguen a la espera de una exigua financiación» y sin fechas comunicadas. También acusan al Ayuntamiento de Zaragoza de no querer cambiar los nombres de las calles que tienen que actualizar su denominación para cumplir con lo establecido en la ley de memoria. Ponen como ejemplo de esta falta de interés la «absurda polémica» que se creó por la vandalización del monumento a los aragoneses confinados en los campos de concentración alemanes durante la segunda guerra mundial. «Demuestra lo poco proclive que es este consistorio en las cuestiones de la memoria democrática», señala Gómez.
Más críticos se muestran desde ARAMHA con una institución como el Ayuntamiento de Huesca «teóricamente regido por alguien que, por su militancia, debería tener una actitud colaborativa con las acciones memorialistas, resistiéndose a aplicar la flamante ley aprobada por su propio partido manteniendo calles y placas franquistas».
A las quejas de las entidades, agrupadas en la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón (PAMA), se sumó ayer el coordinador general de IU en Aragón, Álvaro Sanz. «Es lamentable que una ley que costó cuarenta años en conseguirse en Aragón esté abandonada en un cajón mientras seguimos teniendo a miles de personas asesinadas abandonadas en las más de 1.000 fosas localizadas en Aragón», indicó el también diputado en las Cortes.
IU destacó que las exhumaciones siguen siendo «gracias al trabajo y compromiso de las asociaciones de víctimas y familiares y de las asociaciones memorialistas». Y precisó que ante «la inacción del Gobierno de Aragón» todavía se encuentran calles, monumentos y plazas dedicadas a hechos y personas del régimen franquista. Sanz consideró prioritario que se desarrolle el régimen sancionador previsto por la norma.
Más fondos
Con todo, desde el Ejecutivo defienden que se está avanzando en la materia tras pasar la dotación de las subvenciones de los 50.000 a los 200.000 euros anuales de la actualidad. Y a eso se suman otros 200.000 euros para el resto de acciones de difusión. Además, ha iniciado el procedimiento para declarar como primera ruta de memoria democrática el frente de los Monegros, que comprende un itinerario por los municipios altoaragoneses de Robres y Alcubierre y las localidades zaragozanas de Leciñena, Perdiguera, Villamayor de Gállego, Farlete y Monegrillo.
En el acto celebrado en Alcañiz, consejero de Educación, Felipe Faci, destacó que este tipo de conmemoraciones «ponen el foco en la necesidad de no olvidar nunca lo ocurrido para que no vuelva a repetirse y para poder seguir celebrando la convivencia y no la ruptura». Se realizó una ofrenda florar y se realizó una visita al refugio antiaéreo de la localidad. La mayoría de las asociaciones de defensa de la memoria no estuvieron presentes para denunciar la falta de compromiso del Ejecutivo con sus reclamaciones. «Seguimos reivindicando acciones que nos proporcionen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».
