La aplicación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón está dando sus primeras sorpresas a los agentes y los municipios meses después de su aprobación. El sindicato CSL-Cipol presentó el pasado jueves una queja al Justicia de Aragón en la que indica, en resumen, que la propia normativa podría suponer en la práctica la erradicación del cuerpo en varias localidades pequeñas.

Para el sindicato, el problema es una prueba más de la "mala concepción" de la ley, como quedó de manifesto en la última reunión bilateral Aragón-Estado, en la que se dejaron en suspenso dos artículos, el 15 y el 17 --que regulan la creación de cuerpos y la mancomunidad de los mismos entre varias localidades, respectivamente--, por ser presuntamente incompatibles con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o atentar contra el principio de la autonomía local.

En este caso, la queja afecta a los auxiliares de Policía Local. El nombre puede dar lugar a confusión --a juicio del sindicato, así ha sido para los legisladores--, ya que no son los que ayudan a los agentes, sino los que actúan como tales en pueblos que, por tamaño, no pueden crear un cuerpo propio. Para esto han de contar con 5.000 habitantes y cinco agentes.

La nueva norma ofrece a los auxiliares la posibilidad de cambiar su clasificación a policía local si cuentan con la "titulación mínima", en este caso el Bachillerato.

Muchos no lo tienen, ya que no se requería cuando entraron al cuerpo. De no obtenerlo, tendrían que desempeñar otras funciones de vigilancia de dependencias municipales, sin arma ni uniforme y, sobre todo, sin que sean agentes de la autoridad.

Con la situación económica, los ayuntamientos difícilmente podrán contratar nuevo personal para suplir a los agentes que no puedan seguir en su puesto. Y el sindicato CSL denunció también el agravio comparativo con los policías locales, a los que sí les valdría una experiencia de 10 años para continuar con su labor.