Que el pleno celebrado ayer en las Cortes de Aragón, el último antes de las vacaciones, terminara con el impulso a cuatro proyectos legales fue una imagen engañosa de la realidad política en la comunidad. Los partidos que apoyaron la investidura del presidente Javier Lambán se encargaron de dejar más clara todavía su oposición al pacto cerrado con el centro derecha que reducirá a 167 los contribuyentes obligados a pagar el impuesto de Sucesiones en la comunidad.
Y frente a las muestras de descontento destacó la satisfacción de los portavoces de PP, PAR y Ciudadanos, despedidos con aplausos por los miembros de la plataforma Aragón Stop Sucesiones y Plusvalía desde la tribuna de invitados. «Seguiremos en la brecha y reivindicando», afirmó el diputado popular Antonio Suárez.
El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, defendió el cambio de alianzas tradicionales repitiendo los argumentos de las últimas semanas. Por un lado consideró injusto que los aragoneses paguen más por heredar que en el resto de comunidades autónomas. Y por el otro defendió que la merma de ingresos no será tan pronunciada como temen los contrarios al cambio. Según el responsable de las finanzas de la DGA los ingresos en esta materia llegarán a los 30 millones de euros. Además, aseguró que esta legislatura no se notará ningún cambio. De hecho, una de las mayores dudas que quedó tras el tenso debate es en qué momento entrarán en vigor los cambios.
El portavoz de Ciudadanos, Javier Martínez, quiso situar el debate en unas coordenadas distintas a las políticas. «El acuerdo ha sido para solucionar un problema», explicó el impulsor del pacto que elevará de 150.000 euros a los 500.000 el umbral a partir del cual se pagará por heredar. «Me apenan que estén diciendo que ahora afectará a poca gente porque eso quiere decir que Aragón necesita más clase medida», replicó ante las críticas.
La diputada del PAR Elena Allué defendió la decisión tomada al considerar «injusto» que se penalice «el esfuerzo de toda una vida para ahorrar» y recordó que en el origen de la reforma está la presión social de la plataforma de afectados tras recoger un buen número de firmas. Suárez, por su parte, reprochó a los grupos de la izquierda que no se preocupen habitualmente por la «contención del gasto» y evidenció que, a pesar de la ley que se comienza a tramitar, Aragón seguirá ocupando el cuarto lugar en la lista de las comunidades que más pagan por heredar.
El portavoz de CHA, Gregorio Briz, asumió que ante la cuestión tributaria la izquierda ha perdido la simpatía de la calle. «Estamos ante un debate sobre las certezas de las élites y las sensaciones del pueblo», dijo. Por ese repitió que el impuesto que ahora se reduce es «justo» al entender que no permite la acumulación de patrimonios.
En la misma línea se manifestó Héctor Vicente desde Podemos. «Lo único que podemos esperar del PSOE son decepciones», acusó. El diputado recordó que con la colaboración de CHA y de IU han intentado trabajar en una propuesta alternativa. Además señaló que en una comisión fallida ya estaban todos los partidos sentados. «Lo están haciendo por electoralismo, han puesto por delante el interés de su partido frente a los de Aragón», le señaló a Lambán. Patricia Luquin (IU) le pidió volver «al punto de partida» y reclamó que se dirija a Pedro Sánchez para que acometa la equiparación de todos los ciudadanos.
