Las entidades sociales aragonesas coinciden en que es necesario garantizar los derechos de las personas trans. Por eso la mayoría de ellas participó de forma activa en el debate que permitió aprobar en el 2018 una ley de igualdad y protección integral contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género (ley LGTBI). Un modelo que ofrece un consenso que está lejos de presentarse en el debate estatal. Unas discrepancias que también se reflejan en la comunidad, pues el cisma abierto entre dos formas de entender el feminismo también se ha trasladado a las organizaciones que en aquella ocasión remaron juntas.
Lo que en su día fue concordia, ahora es crispación. Y eso que la norma autonómica se considera «muy avanzada» y dentro de las competencias que le son propias recoge aspectos como el reconocimiento explícito a la libre expresión del género, el libre desarrollo de la personalidad de acuerdo a dicha elección, el respeto a la identidad física y psíquica a estas personas, una atención integral y adecuada, el ejercicio de su libertad sin discriminación en todos los ámbitos, en especial en el empleo, la educación, la cultura, el deporte o las prestaciones sociales. Y eso que según entidades como Chrysallis aún se podría hacer mucho más por desarrollarla.
Ahí están aspectos como la visibilización del colectivo, la creación de espacios educativos de respeto y tolerancia o el esfuerzo para acabar con las discriminaciones en lo laboral, para lo que está previsto un régimen sancionador. «Independientemente de lo que piense cada persona no podemos negar que existe una realidad a la que necesitamos darle salida», destaca el portavoz de Towanda, Pepe Paz. Y para eso llega la nueva legislación estatal, que según el borrador que se ha conocido evitará la patologización de cualquier adolescente que necesite dar el paso. El gran avance que se busca conquistar es poder identificarse con un nuevo género sin necesidad de procesos médicos o de hormonación.
Un punto en el que se discrepa desde algunas de las entidades feministas de la comunidad. Una situación que va más allá de sonados conflictos como la expulsión del bloque de Lidia Falcón de Izquierda Unida por unas opiniones que se consideraron tránsfoba. En muchos casos tiene que ver con un principio de precaución, según dicen.
«Nos duele que se haya llegado al enfrentamiento entre diferentes colectivos, pues creemos que existe un amplio camino de consenso como pasó en Aragón», indicó la presidenta de la Asociación de Mujeres Amparo Poch, Josefina Musulén. Reconocen que es un debate ante el que es necesario ser «cuidadosa» destaca que en medio de la pandemia del covid las mujeres están siendo un colectivo «precarios y vulnerables» que podría sufrir un «retroceso de derechos» si se confirman algunos de los aspectos más polémicos presentes en el borrador.
Una impresión que también intuye la presidenta del club de opinión La Sabina. Elena Laseca. «Es necesario garantizar los derechos de las minorías, pero tenemos que pueda ir en contra de algunos logros de la mujer», avanza, aunque destacando que es un debate que todavía no se ha plantado en el seno de la entidad.
Más convencidos sobre la necesidad de avanzar en los aspectos que quiere abordar el Ministerio de Igualdad son los representantes de Somos LGTB+ de Aragón. «Gran parte de la legislación sobre los derechos del colectivo, incluida la autodeterminación de género y la despatologización de las personas trans, se debatió y acordó ya en la anterior legislatura y contó con informes favorables del Ministerio de Justicia y con el apoyo de todo el arco parlamentario, aunque no llegó a votarse», recordó Juan Diego Ramos.
Además, tratan de desmontar algunos de los argumentos más negativos con los que ha sido recibida la propuesta indicando que en otros países como Argentina lleva ocho años vigente. «No podemos olvidar que existen mujeres diversas», destacan.
