La inversión en obra pública por parte de las administraciones públicas coge algo de aire tras años bajo mínimos. Según un informe publicado la pasada semana por la Fundación Laboral de la Construcción, el volumen licitado entre enero y julio en Aragón ha alcanzado los 450,2 millones de euros, un 55% más que en el mismo periodo del año anterior. No obstante, cabe recordar que estas subidas relativas no serían tan relevantes si no se compararan con periodos en los que la inversión en obra pública era «casi inexistente», tal y como indica Vicente Lafuente, gerente de la citada fundación.

«La primera partida que se recortaba en los años de crisis era la de infraestructuras, por eso ahora cualquier obra que se licita representa un fuerte incremento», apunta Lafuente. De hecho, asegura que, si se atiende a la serie histórica, la inversión actual aún es «un 50% inferior» al promedio de antes de la crisis.

Hasta el mes de julio, la Administración central ha licitado obras por valor de 217 millones de euros, con una importante subida del 551%, mientras que la autonómica se ha quedado en 77,6 millones, un 57% menos que en el mismo periodo del año anterior. La Administración local, por su parte, ha invertido en la comunidad 155 millones, un 108% más. «Esta última es normalmente la que presenta una mayor estabilidad inversora», señala Lafuente, que apunta que las obras más pequeñas, que son las que más benefician a las empresas locales, son las que se han mantenido en los últimos años.

Tal y como señala el gerente de la fundación, a lo largo de este ejercicio los proyectos licitados más relevantes han sido las obras de urbanización de la nueva plataforma de Bon Área en Épila (por un importe de 23 millones), diferentes depuradoras en distintos municipios o colegios en los barrios más jóvenes de Zaragoza. Sin duda, una de las obras más importantes es la que ha aprobado esta misma semana el Ministerio de Fomento: el tramo de la autovía A-68 con el desdoblamiento de la N-232 entre El Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro, presupuestado en 79,6 millones.

MÁS DE 20 AÑOS

El desplome de la inversión pública registrado durante la última década ha tenido un impacto directo en el envejecimiento de las infraestructuras aragonesas. De hecho, en el 2007 el 15,8% de estas tenían más de 20 años de antigüedad, mientras que este porcentaje se ha elevado hasta superar el 22%, según un reciente informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituvo Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). La comunidad es la séptima con los activos más envejecidos.

En Aragón, la peor parte se la llevan las infraestructuras urbanas, ya que si en el 2007 el 10,8% tenían más de 20 años de antigüedad, ahora esa cifra está ya en el 25,62%. Mientras, el porcentaje en carreteras ha pasado del 17,4% al 23,8%. Además, Aragón es la tercera comunidad con las infraestructuras hidráulicas más viejas, solo por detrás de Canarias y Extremadura.

Las menores diferencias se encuentran en los aeropuertos (en la última década se ha pasado del 5% al 6,09% con más de 20 años de antigüedad) como consecuencia de la inyección pública recibida por la administración tanto en el aeródromo de Zaragoza como en el de Teruel.