¿Confinar o no confinar? Y si se opta por lo primero, ¿cuáles deben ser los límites? El debate político, económico y ciudadano tampoco encuentra consenso entre la comunidad científica, que estos días discrepa, en público y en privado, sobre cuáles son las medidas más convenientes. La base de la discusión gira en torno a un estudio, publicado este fin de semana, que prevé el colapso de la sistema sanitario español a causa del coronavirus esta misma semana.
La investigación consiste en la elaboración de un modelo matemático que sustenta el Informe covid, un manifiesto firmado por 69 científicos españoles y difundido el sábado. El documento llama, entre otras medidas, a la restricción total de la movilidad (prohibir todo desplazamiento laboral no esencial) y a «cerrar» las siete comunidades autónomas más afectadas por el virus.
El grupo juzga insuficientes las medidas adoptadas por el comité técnico que gestiona la crisis en España, encabezado por el médico Fernando Simón. Los expertos consultados coinciden en que el modelo matemático, desarrollado por investigadores de las universidad de Zaragoza junto con la Rovira y Virgili (URV) es riguroso. Sin embargo, hay discrepancia sobre las recomendaciones que se extraen del mismo.
El modelo matemático pone énfasis en el papel de los infectados asintomáticos, en la diferencia del impacto del virus por edad y en el impacto de la movilidad como causa de contagio.
Siete autonomías, alerta
Los investigadores, encabezados por Álex Arenas, de la URV, simulan la evolución del número de enfermos en diversos escenarios de confinamiento. Según la simulación, con un nivel de confinamiento alto pero no total, el número de ingresados en la uci rebasaría el número de camas disponibles en siete comunidades esta misma semana. Una cifra que se estima en un 3% del total de las camas.
Estimaciones como esta son un punto débil, según diversos expertos. En efecto, no se conoce el número de plazas de uci habilitadas en la actualidad, ni cuán alto es el nivel real de confinamiento. Y el estudio no tiene en cuenta la propuesta del Gobierno de desplazar enfermos a las comunidades menos afectadas.
Es obvio que hay una emergencia nacional que se va a ver en el número de ingresos en la uci. Pero el Gobierno y las comunidades están incrementando el número de camas», explica Miguel Hernán, catedrático de epidemiología de la Universidad de Harvard. El investigador acaba de incorporarse al flamante comité científico que asesora al Gobierno, pero puntualiza que habla a título personal.
Helena Legido-Quigley, experta de la London School of Higiene and Tropical Medicine, que recientemente ha valorado la resiliencia del sistema sanitario español en la revista The Lancet, también hace hincapié en la importancia de ampliar infraestructuras. «En esto, Cataluña se está moviendo lentamente: habría que habilitar estadios, hoteles, hospitales de campaña. Deberían estar mirando qué hacer en la Fira de Barcelona ya mismo», apunta.
«El número exacto [de camas] no cuenta frente a un crecimiento exponencial», discrepan María Angeles Serrano y Marián Boguñá, investigadores de la Universidad de Barcelona (UB), expertos en modelos parecidos al empleado por Arenas. Tampoco ven relevante el traslado de enfermos. «Ahora bien, consideramos arriesgado predecir fechas y números muy concretos», añaden.
Tampoco hay unanimidad en cuanto a los remedios propuestos por el manifiesto. En primer lugar, porque cualquier acción daría fruto dentro de un par de semanas, cuando el sistema ya habría colapsado según las previsiones del modelo. «No hay evidencia clara de cómo [impedir] la movilidad hacia el trabajo reduciría la transmisión. Mi recomendación sería facilitar más el teletrabajo», afirma Legido-Quigley, que, sin embargo, cree que medidas más estrictas van a ser necesarias.
Pérdida en el largo plazo
«Una restricción absoluta del movimiento puede reducir la transmisión, pero no se sabe cuánto más. A la vez, podría llevar a una pérdida de puestos de trabajo y a más deuda, lo que afectaría a la salud pública y al bienestar», apunta Hernán.
En cuanto al «cierre» de comunidades autónomas, Legido-Quigley apunta que tampoco está claro científicamente qué habría que cerrar y cómo: «¿Cuanta gente está saliendo realmente de Madrid o de Cataluña hacia otros sitios?». «Esto de cerrar fronteras se ha convertido en un asunto político y habría que despolitizarlo», concluye.
