La comisión de investigación que pretende depurar responsabilidades políticas por los fallidos planes de saneamiento autonómicos ha tropezado con un escollo inesperado aún antes de su puesta en marcha efectiva. El amplio volumen de información con el que deben lidiar los diputados y la lista de solicitudes de comparecencia -más de doscientas- han obligado a su presidenta, Marta de Santos (Podemos), a retrasar otros quince días la confección del calendario de actuaciones.
La diputada señaló que aunque las reuniones previas están siendo «positivas» es necesario definir todavía el periodo temporal efectivos sobre el que se quieren escrutar los planes de depuración. Las alternativas incluyen comenzar en 1995 -fecha en la que se aprobó la ley estatal de referencia para el saneamiento- o retrasar el periodo hasta la época en la que comenzó la planificación autonómica (2001) o incluso dejarlo en el 2004 cuando se aprobaron las 171 obras en cuestión (131 depuradoras y 40 colectores). Dependiendo de cada una de estas posibilidades la lista de comparecientes variaría de forma significativa.
Antes de proceder al cribado de nombres igualmente se tiene que tramitar las veinte solicitudes de documentación todavía abiertas. El volumen de las peticiones también amenaza con desbordar la capacidad de gestión de los integrantes de la comisión. De Santos puso como ejemplo algunas de las que ya se han cursado como puedan ser todos los informes de la Cámara de Cuentas relacionados con el saneamiento.
La diputada consideró que posiblemente los trabajos superen los seis meses previstos en un inicio. «Tenemos que lograr que la comisión no sea tediosa, que sea algo eficaz», expresó. Su intención es que todo el mundo aporte «información relevante» y no se realicen «intervenciones políticas».
Otros de los problemas que se están encontrando tiene que ver con los contratos empresariales que se gestaron al amparo de los planes de depuración impulsados durante el tercer mandato de Marcelino Iglesias (PSOE) por el consejero de Medio Ambiente Alfredo Boné (PAR). Varias de las compañías implicadas ya han desaparecido y algunas de las obras se ejecutaron por la concurrencia de uniones temporales disueltas en la actualidad.
SOBRECOSTES MILLONARIOS
De Santos reconoció que no existe acuerdo respecto a los criterios a usar para centrar las comparecencias. Solo parece evidente que serán «invitados a participar» responsables políticos como los consejeros y ministros de medio ambiente relaciondos con los planes o directivos de empresas públicas (el Instituto Aragonés del Agua, el Inaga o Sarga), alcaldes y empresarios.
La comisión parlamentaria que se están intentando poner en marcha tratará de depurar las responsabilidades políticas que se puedan derivar de unos planes que según la Cámara de Cuentas de Aragón podrían haber derivado en desvíos de fondos, en sobrecostes millonarios y en obras no realizadas.
