El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) le ha evitado al Ayuntamiento de Zaragoza tener que pagar a los bancos 7,5 millones de euros por haber destinado el remanente del 2010 a abonar facturas pendientes con los proveedores y no para reducir deuda como obligaba por ley el Gobierno central. Una decisión que, en primera instancia, los jueces habían determinado que fue equivocada en una sentencia que pretendía forzar al consistorio a subsanar su error y a abonar esa misma cantidad ahora. Pero este nuevo fallo judicial reconoce que "la ejecución y cierre de un presupuesto determina la imposibilidad material y legal de ejecución de sentencias como la presente que se convierten en meramente declarativa".
Así que toda la polémica, agravada después de que el PP municipal, a instancias de la actual consejera de Educación de la DGA, Dolores Serrat, solicitara el año pasado la ejecución inmediata de la primera sentencia, se queda en un tirón de orejas. .
